Cuarenta y cinco días de gestión y un paro nacional. Atípico, aunque consecuente con el fondo de la cuestión. La dirigencia tiene que volver al diálogo de verdad, cara a cara y alejarse un poco de las plataformas de posteos donde todos se gritan y se distancian de la realidad.

Una huelga rara, sí. Decretada a muy pocos días de iniciada una nueva gestión, también. Pero con motivos suficientes para ser lanzada, obviamente.

Así luce el primer paro general que la Confederación General del Trabajo concretará a partir de las 12 de este miércoles y hasta las 24 horas. Con apenas unos veinte días de gobierno se anunció para ser concretado a los 45 días de funcionares del nuevo ejecutivo. ¿No hubo nadie que dijera "hay tiempo para desactivar este paro" y trabajara en consecuencia? Parece que no.

Las consecuencias será las de siempre: el desgaste para el Gobierno es inevitable. De hecho, entre el proyecto original de ley ómnibus y el que se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados hay una diferencia sustancial. Un costo político directo que paga el Presidente Javier Milei. Otro costo es no haber podido sostener la reforma laboral que diera origen a la huelga lanzada por la CGT. A pesar de que está suspendida por la Justicia del Trabajo, es real que no fue quitada de la propuesta legislativa. Por eso el paro siguió en desarrollo. Y, finalmente, la señal de debilidad mayor es no poder retener la idea de privatizar YPF, que fue uno de los puntales por los que se desató el proyecto de reforma enviado al Congreso. Tampoco otras empresas del Estado muy importantes como el Banco Nación y ARSAT. Ni siquiera será modificado el instituto de las artes, por la presión ejercida desde el colectivo de los artistas. ¿Entonces?

Demasiado ruido para pocas nueces

Que nadie se confunda con esas señales. Las intenciones de llevar adelante esos cambios estuvieron, y eso generó la reacción social inmediata desde la CGT.

Algunos intentaron decir que la huelga era demasiado rápida. Pero la medida iba a fondo desde el arranque, nomás. Y si no hubiera existido una postura tan determinante del gremialismo, es muy probable que se hubieran perpetrado los cambios originales que el Gobierno pretendía.

En esto entra a tallar una dialéctica ambigua, que sostiene que aquel que gana la elección está en derecho de modificar lo que considera necesario para su gestión. Pero no es así, porque para eso está la división de poderes en la república, que debe velar por los intereses superiores de la sociedad. Ergo, los votos dan legitimidad de mandato, pero no legalidad a los actos legislativos.

Un caso para observar es lo que ocurre con la Ley Federal de Pesca, que quedó en el paquete de leyes que será tratado por los diputados. Toda la industria pesquera nacional y sus industrias dependientes coinciden en que la reforma planteada va en detrimento de los intereses del sector nacional y abre las puertas a la llegada de nuevos jugadores externos. ¿Era necesario hacerlo?

Es indudable que el Gobierno trató de marcarle la cancha a los distintos actores de la vida económica, política y social desde el minuto cero del partido. Pero le faltaron algunas cosas: habilidad en la gambeta y saber cuando retroceder a tiempo para poder avanzar luego.

Ni los diputados de la oposición moderada -fundamentalmente los radicales y los peronistas del centro- están tan convencidos de acompañar la ley, aunque podrían hacerlo para no quedar pegados al kirchnerismo que votará fervientemente en contra.

Pues si esta ha sido la prueba inicial de una gestión de 48 meses, es muy necesario que el primer mes y medio haya servido para diagnóstico de cómo se debe dialogar en la política actual. Que no es tan distinto a lo que sucedía décadas atrás, quizás sea más necesario dejar de ser dependiente de las redes sociales y poner más foco en los actos responsables que dirigen el destino de 46 millones de argentinos.