La intempestiva "motosierra" del ajuste económico llegó finalmente a la administración pública, que en el pasaje de marzo a abril perderá a unos 15 mil trabajadores pertenecientes a ministerios y diversos organismos en el marco del plan de fuerte achicamiento del Estado diagramado por el gobierno de Javier Milei, que pretende en el horizonte llegar a una reducción de al menos el 30% del personal vigente.

En una nueva etapa del camino de recorte instrumentado desde la Casa Rosada, este 31 de marzo caducarán y no serán renovados entre 14 mil y 20 mil contratos en compañías estatales, entidades públicas y ministerios como Economía y Capital Humano, según la cifra que manejan por estas horas los sindicatos. La gestión de La Libertad Avanza había decidido extender los vínculos laborales por tres meses apenas asumió el Ejecutivo en diciembre último: cumplido ese plazo, procederá a desvincular a varios miles.

De este modo, a los casos de Télam, el CONICET, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que acumulan en total unos 7.000 trabajadores cesanteados hasta el momento, se le sumarán en los próximos días otros tantos en áreas como Energía, Agricultura Familiar, y Niñez, Adolescencia y Familia.

Con todo, aún no se conoce con exactitud qué organismos serán sometidos al paso de la "motosierra" mileísta ni de qué magnitud serán los cortes que sufrirá su personal. En el gobierno evitan hablar de despidos y se refieren a "no renovaciones" de contratos, pero los gremios encabezan un fuerte reclamo en base a los rumores de que el recorte dejaría sin empleo de un plumazo a un 15% o incluso 20% de los trabajadores estatales - uno de cada cinco.

Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que las decisiones fueron tomadas tras el análisis de cada una de las nóminas y que la decisión "sobre los contratos en movimiento" recaerá "en la disposición de cada titular". Los dirigentes explican que "se ampliaron contratos en diciembre para poder analizar quién trabajaba y quién no", y "en base a eso se hace el recorte actual".

Ante ello, se dice que mantendrán el puesto solo quienes resulten "indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción" y cuya continuidad "es necesaria por razones impostergables de funcionamiento", según consta en el decreto de renovación firmado hace tres meses. Además, las continuidades deberán ser revisadas por la jefatura de Gabinete de Nicolás Posse a fin de que las "autoridades que decidan renovar dichos contratos" puedan "fundamentar la decisión".