. El Senado convierte en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

La iniciativa fue aprobada con 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate que duró aproximadamente ocho horas y en las que estuvieron presentes 65 senadores, de los que solo tuvieron palabra 33.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que ayer había sido sancionado por la Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y sus aliados como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino). Por otra parte, el resto del interbloque de Juntos por el Cambio lo hizo en contra, en tanto que la riojana María Vega, quien juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.

El proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre del 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Sin embargo se eximen de esta medida a las víctimas de la ley Brisa, judiciales, ex funcionarios nacionales y científicos, ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

El presidente del bloque de Frente de Todos, el formoseño José Mayans reconoció que en la Argentina "hay un cuadro importante de injusticia social" y aseguró que "en el 2001 la deuda superaba el 100 por ciento del PBI y ahora estamos en 150 por ciento". Además recordó que cuando Cristina Fernández de Kirchner entregó el poder en el 2015 "la relación de la deuda con el PBI era del 40 por ciento".

Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, justificó la votación en contra de la oposición porque considera la declaración de la emergencia como "innecesaria" e insistió con que "esta es una ley que esconde un ajuste enorme, con mayor carga tributaria que pagan los sectores medios y los sectores productivos".

Por último, el porteño Martín Lousteau de Juntos por el Cambio, criticó el proyecto y argumentó que "trae una emergencia, pero delega más facultades que la emergencia votada en 2002, con la peor crisis económica y política de la historia" y calificó a la ley aprobada como "un impuestazo".