. Hay grieta en el oficialismo por la liberación de presos y temen costo político

La liberación de presos en tiempos de pandemia es un tema que ha levantado polémica en todos los sentidos, no solo gran parte de la sociedad está en desacuerdo con beneficiar a los privados de libertad, sino que dentro de la dirigencia política hay quienes lamentan esta decisión, incluso, dentro de la propia ala albertista, ya que temen que esta medida les pase factura en las urnas en las elecciones parlamentarias de 2021 y las generales de 2023.

No fue casualidad que el 31/04 un intenso cacerolazo se escuchara con mucha fuerza en la Ciudad y muchas partes de todo el país, que incluso se volvió a repetir anoche 03/05 en algunas zonas de CABA. La sociedad habla, y en ese reclamo el mensaje es claro: No liberen a los presos. Este es un tema en el que parece que la mayoría de los argentinos coincide, cansados de tanta impunidad y de un uso y abuso de los "derechos humanos" para poder aplicar medidas que, probablemente, termine con resultados aún más peligrosos que el propio coronavirus.

Los reclamos vienen dándose desde hace días, en redes sociales se han posicionado frases como "no los liberen", "no liberen presos" o "presos los queremos"; todos direccionados a la Justicia y el Gobierno por esta medida que hasta hoy alcanza, por lo menos, a unos 2 mil detenidos que recibieron beneficios de prisión domiciliaria o la libertad.

Este reclamo social ha pegado con fuerza dentro de las filas del oficialismo, que a sabiendas de todos se divide en 2 fuerzas: el peronismo -más identificado con Alberto Fernández- y el Kirchnerismo duro, que sostienen que su única jefa política es Cristina Fernández de Kirchner.

La liberación de presos, por supuesto, ha creado una nueva grieta en el Gobierno, sobre los más defensores de los Derechos Humanos y los que temen que, esta medida tan polémica conlleve a un costo político irremediable.

Alberto Fernández se caracteriza por llevar adelante una política más "humanizada", en donde entran por supuesto los derechos de los privados de libertad, no obstante, desde el Gobierno habrían dado "el ok" sobre otorgar beneficios a delincuentes -acusados de delitos menores- no precisamente por privilegiar los DDHH de los reclusos, sino por temor a que las cárceles sean un foco de contagio masivo debido a la soprepoblación que existe en las diversas cárceles, y eso conlleve a un colapso total del sistema de salud argentino.

Por supuesto esta medida generó revuelo. La oposición por su parte aprovechó la decisión para atacar al oficialismo y "agitar" a la opinión pública respecto al tema. Hubo quejas principalmente de los familiares de las víctimas, que denunciaron que no han sido notificados por la Justicia -como lo dictamina la Ley vigente de víctimas- sobre la liberación de detenidos, y por ende, hay quienes han pedido incluso el juicio político a Jueces por las medidas tomadas.

Uno de los primeros que salió a desligarse del tema y lavarse las manos fue Sergio Massa, quien alertó a la Justicia y dijo que iba a actuar contra "los jueces que no cumplan con la Ley de la Víctima". Incluso, este lunes 04/05 Massa pedirá el juicio político contra tres jueces bonaerenses que autorizaron la excarcelación de detenidos en los últimos días. Si bien no trascendieron datos de los magistrados, serían de San Isidro, Lomas de Zamora y Bahía Blanca.

Alberto Fernández empezó a sentir la presión sobre la medida de la liberación de presos. No solo las cacerolas y las quejas de la gente en redes, sino también, la cobertura de la prensa respecto al tema, y es que, fuera de la agenda del covid-19 en el país, el único tema que ganó relevancia durante esta cuarentena fue sobre la liberación de detenidos. Esto por supuesto juega en contra de la imagen presidencial, que en época de pandemia logró aumentar su popularidad, según las encuestas, hasta en un 60% de aceptación en la gente, logrando así desligarse un poco de la sombra de CFK, y empezar a construir un liderazgo en solitario.

Ante ello, el equipo albertista le recomendó al presidente que saliera a aclarar las inquietudes a la gente sobre el tema, y en ese sentido, el Presidente de la nación disparó una serie de tuits en los que dijo:

"Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados".

Y siguió: "La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad".

Y en el mismo sentido, sostuvo: "Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos".

Para tratar de desligarse del tema, Alberto Fernández alegó que eso debe resolverse en la Justicia y que no depende de los poderes ejecutivos: "En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia. En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema", afirmó en sus siguientes tuits.

"Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales. Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida", sentenció el Presidente.

Luego de sus declaraciones, la grieta se agrandó en el oficialismo. Para muchos de su propio equipo sus dichos fueron "tibios"; teniendo en cuenta que la sociedad argentina es poco tolerable con los errores de la dirigencia, y que esos errores les costó perder las elecciones ante Mauricio Macri en 2015.

Por ejemplo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, íntimo de Alberto y parte de su equipo de confianza, intentó tomar distancia de la polémica y explicó que el Gobierno “no ve con buenos ojos” los beneficios otorgados a detenidos.

En ese contexto, Cafiero denunció que algunos sectores de la oposición intentaron con cierta “malicia política” vincular las acciones de la Justicia con el Poder Ejecutivo. “Ellos saben que no tiene nada que ver, ahí hay una canallada y mezquindad de algunos líderes de la oposición”, sentenció.

Otro grupo del entorno presidencial es más optimista respecto al tema: "La verdad es que los jueces mandan a la casa en prisión domiciliaria a casos puntuales, no a asesinos ni violadores ni condenados”, dicen.

Por su parte, del lado del ala K, aunque hay fieles defensores de los derechos humanos, son más lo que han salido a rechazar de manera categórica la liberación de presos, sobre todo quienes no responden a Alberto Fernández sino a CFK.

Sergio Berni, por ejemplo, es uno de ellos. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires no ha escatimado en declaraciones sobre su opinión al respecto: “El coronavirus no sólo ataca a presos; ataca a médicos y policías pero ninguno se va a la casa”, fueron las últimas entre las tantas declaraciones que ha dado desde que se instaló la polémica.

“Ninguno de nosotros nos fuimos a casa, ni dejamos de trabajar. Así que los presos, que se queden presos”, aseguró Berni a través de sus redes sociales este domingo 03/05.

Mientras tanto, la vicepresidente de la nación se han mantenido al margen respecto al tema, e incluso, desde la dirigencia oficialista alegan que "Mientras Alberto Fernández intenta gobernar, CFK está enfocada en hacer valer su poder en los espacios que tiene como el Congreso nacional".

El rol de la Justicia:

Con la polémica a flor de piel por la liberación de presos, la ministra de Justicia salió a tratar de despegar a Alberto Fernández de la decisión, pero desde la oposición salieron a contraatacar: "los jueces no actúan solos".

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró que "no existe un plan de liberación generalizada de presos" y desvinculó al Gobierno porque el "poder Ejecutivo, que no detiene gente ni excarcela gente, eso es tarea del poder Judicial". Ante esta afirmación, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la cruzó: "Los jueces no actúan solos".

En una entrevista con TN, la ministra Losardo que se había mantenido en silencio, decidió hablar tras el fuerte cacerolazo del jueves último y aseguró que aunque la ciudadanía tiene derecho a manifestarse, "Se están diciendo cosas que no son exactamente como ocurren. No hay una liberación masiva, más allá de algunos casos donde hay ciertos errores", sentenció.

"Todo cacerolazo hay que saber entenderlo. Planteamos temas como que hay un plan sistemático para liberar, es un error. No es verdad. Encima eso no ayuda, no une. Y en este momento tenemos que estar unidos", expresó.

Luego de que concluyó la entrevista con Losardo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, contraatacó: "La política criminal del Gobierno es la que rige las conductas en las cárceles y la que da los informes sobre los detenidos. No es verdad que los jueces actúan absolutamente solos. Pietragalla no es juez, y pidió la libertad de Jaime. Mena es secretario de Justicia y estuvo en la negociación con los presos en Devoto".

Pero su descargo no terminó ahí y disparó: "Esto de que el Ejecutivo no tiene nada que ver y se entera por los diarios de las libertades, el Ejecutivo es el que maneja la política criminal de un país. El Ministerio de Justicia y el de Seguridad. No son solo los jueces".

Convocan a más protestas:

Bajo el hashtag #SePudreTodo, usuarios en Twitter convocaron a un nuevo cacerolazo para el próximo jueves 7 de mayo pero desde las veredas, manteniendo la distancia social. Esta vez no es para protestar contra la excarcelación de presos sino para expresar disconformidad con el gobierno de Alberto Fernández. "La gente está agobiada", aseguran en las redes.

Desde Twitter y bajo el hashtag #SePudreTodo, diversas cuentas difundieron flyers e instrucciones para hacerse escuchar el siguiente jueves. "Volvemos a las calles. En todas las esquinas del país. Revolución del barbijo", se lee en algunos de ellos.

Piden mantener la distancia social y hacerse escuchar mediante las cacerolas para expresar la disconformidad con la conducción de Alberto Fernández. De todas formas, los organizadores explican que también pueden "cacerolear" desde los balcones.