. Piden juicio político para el juez Violini

A través de la ONG Usina de Justicia se solicitó el juicio político del juez de la Cámara de Casación Penal, Víctor Violini. El escrito, que lleva las firmas del abogado de la entidad, Fernando Soto, y de su presidenta, Diana Cohen Agrest, afirma que el actuar de Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal. El juez Violini había hecho lugar a un hábeas corpus colectivo, presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia, que permitió los arrestos domiciliarios de presos bonaerenses en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Violini ha lesionado un adecuado servicio de justicia al "saltar" por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando de este modo también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno", expresa la presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento. Además, remarca que "la acción de hábeas corpus colectivo no fue iniciada ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal. De no ser Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional". Y se agrega que "consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley. Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal".

En cuanto a Violini, el juez que dijo que los presos que podrán acceder al beneficio de la prisión domiciliaria eran los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, los detenidos con enfermedades preexistentes y los que estén involucrados en delitos leves (sin precisar a qué delitos hacía referencia), calificó de disparate las afirmaciones de que "liberó a más de 2.300 asesinos y violadores". Dijo, precisamente que se "alarma ala población, es un disparate, una porquería, un invento inmundo. Me imputan, inventan cosas y le quieren pegar al gobierno provincial y al nacional". La Suprema Corte bonaerense revocó en forma parcial el hábeas corpus colectivo aceptado por Violini, y dispuso que esos beneficios deben ser analizados caso por caso, bajo una serie de parámetros que fijó en su fallo.