. El titular de Enargas defendió la derogación que estatizaba una deuda privada

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, defendió la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 1053/18 firmado por el expresidente Mauricio Macri, al considerar que "estatizar la deuda privada provocada por la brutal devaluación del 2018 y los interminables desaguisados económicos y financieros" cometidos durante la gestión implicaba "trasladarla a toda la población".

A través de una carta abierta dirigida al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el senador Luis Naidenoff, pidió que el mismo legislador explicase el "a los 400.000 hogares que deben calefaccionarse con leña que también ellos están obligados a pagar la dolarización del precio del gas en la tarifa".

En tanto, Bernal planteó: "Explíquele lo mismo a los cientos de miles de hogares que se vieron obligados a desconectarse de la red y pasarse a garrafa (en el mejor de los casos) entre el 2016 y el 2019", a la vez que añadió que, al pedir la continuidad de vigencia del DNU derogado "está pidiendo que los impuestos que paga la gente se destinen, en la parte que corresponda, a saldar las consecuencias de la dolarización del precio del gas concertada a fines del 2017".

En esa misma línea prosiguió: "Al pedir que asuma el Estado Nacional esa deuda, está proponiendo que también la paguen los cerca de 5 millones de hogares que consumen GLP en garrafas y tubos, así como los 38.173 hogares que consumen kerosene, leña y residuos orgánicos, más los 36.308 que se abastecen con GLP por redes".

Por otro lado aseguró que las diferencias en el tipo de cambio generadas en los contratos de gas en dólares entre distribuidoras y productoras no pueden incorporarse legalmente como un seguro de cambio y traspasar a 45 millones de argentinos una deuda privada de $25.000 millones.

Siendo así que, en la sesión del 24 de julio, Naidenoff defendió la validez del DNU al afirmar que "trató de brindarle sensatez y certidumbre a los ciudadanos", mientras que afirmó que su derogación implicará que "esa diferencia de $25.000 millones las van a tener que pagar los usuarios".

Por su parte, las petroleras, mediante la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) solicitaron al Gobierno Nacional que se hagan efectivos los pagos comprometidos por el Estado más allá del DNU.

La gestión de Cambiemos reconoció dicha cifra a las productoras de gas en compensación por el impacto de la devaluación del 2018 en los contratos de suministros, lo que haría a través de 30 cuotas mensuales de las cuales solo llegó a pagar la primera, días previos a dejar Casa Rosada.

Bernal, en su extensa respuesta brindada, rechazó que, derogado este decreto, la deuda pase automáticamente a los usuarios, ya que indicó: "Las diferencias en el tipo de cambio generadas al haber suscripto contratos de gas en dólares (distribuidoras con productoras) no pueden incorporarse legalmente como seguro de cambio para las empresas".

El decreto 1053 se hacía cargo del 100% de la diferencia de cambio de los contratos por la compra de gas de las distribuidoras a las productoras, en una operación que se vio fuertemente afectada por la devaluación del 2018, y que en un principio la gestión de Macri pretendió imponer a los usuarios a través de un recargo en las facturas. Debido a esto Bernal insistió: "El marco regulatorio no prevé que los usuarios del servicio público deban hacerse cargo vía tarifaria de la devaluación y su impacto en el precio del gas".

Por último, Bernal también refutó que el argumento de Naidenoff sobre que la diferencia en los tipos de cambio fueron absorbidos 50% por las empresas y 50% por el Estado al expresar: "Esa fue una frustrada propuesta elevada por la UCR al entonces secretario de Energía, Javier Iguacel en octubre del 2018, pero el DNU aprobado en noviembre no la tuvo en cuenta: 100% de la deuda la absorbió el Estado Nacional", concluyó.