. La Justicia pidió la indagatoria para el secretario privado de Mauricio Macri

Hasta hace pocas horas todo era alegría y orgullo para el expresidente Mauricio Macri, quien desde Suiza se pronunció por la masiva marca que se realizó el 17 de agosto en contra del Gobierno de Alberto Fernández que tuvo como punto central el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires y se extendió en varios puntos del país. La asistencia a la convocatoria opositora sorprendió por la cantidad de manifestantes que asistió, y a propósito de ello el exmandatario envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que dijo que se sentía "orgulloso". Sin embargo, la felicidad probablemente le duró poco,ya que la Justicia argentina se encargó de aguarle la fiesta y en las últimas horas lo complicó aún más en la causa de presunto espionaje ilegal que se lo investiga.

La emoción por la marcha del 17A le duró poco al líder de Juntos por el Cambio porque la Justicia se encargó de aguarle la fiesta en tiempo récord, y es que a pocas horas que el expresidente Mauricio Macri escribiera desde Suiza un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a quienes marcharon en contra de Alberto Fernández, jueces y fiscales que investigan la causa de presunto espionaje ilegal durante el Gobierno macrista hicieron algunas nuevas notificaciones sobre el caso que complicarían aún más al exmandatario nacional.

                                                                                        
Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 18, 2020
 

En esa línea, ayer 18/08 en en horas de la tarde, el juez Julián Ercolini solicitó al juzgado de Lomas de Zamora que lleva adelante la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, que le envíe la copia forense de la información encontrada en el celular del secretario privado del expresidente, vinculado a la gestión de préstamos para la empresa Vicentin.

Se trata de una medida requerida por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que trascendiera a través de medios periodísticos que en el celular de Darío Nieto (quien era secretario privado de Macri) se habían encontrado anotaciones que daban cuenta del supuesto intento de conseguir financiamiento en noviembre de 2019 para la empresa que ahora es investigada en una causa por supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

“Podría existir información relevante para las actuaciones conforme las anotaciones que habrían sido halladas en el contenido del dispositivo secuestrado”, sostuvo el juez Ercolini en la resolución en la que solicitó al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge, una copia de la información hallada en el celular de Nieto, en el marco de la causa en la que se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal.

Según se informó semanas atrás en la señal de noticias C5N, en el celular de Nieto fue encontrada una anotación en el block digital del 22 de noviembre de 2019, en la que alguien indicaba: "Hablá con Martín Mura -ministro de Economía de la Ciudad- por préstamo a Sergio Nardelli (de Vicentin) por 10 palos. Que no lo lleven al directorio ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera".

Luego, en horas de la noche de ayer, el pedido fue más allá, y fue por parte de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes solicitaron la indagatoria de Darío Nieto, -el secretario privado del expresidente Mauricio Macri-, y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por espionaje ilegal a políticos, empresarios, dirigentes sociales, líderes religiosos y periodistas que tramita en Lomas de Zamora.

Lo requirieron a través de un escrito que le presentaron al juez federal Juan Pablo Augé, a quien le solicitaron, además, que cite a una veintena de exespías y a la exempleada de la Dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, para que amplíen sus respectivas declaraciones indagatorias, dado que ya habían sido convocados por el juez Federico Villena, apartado de la causa.

Se trata del expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el Obispo Diocesano de Lomas de Zamora, Jorge Lugones; el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Florencia Macri, hermana del expresidente, entre otras personas.

"Consideramos que los nombrados conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia", sostuvieron los fiscales en el dictamen.

"Con distintos roles, quienes componían la organización, se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales", señalaron en el texto de 129 páginas.

Una parte importante del material probatorio que obra en el expediente surgió de los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados, donde se detectó que compartían parte de la información producida de forma ilegal en grupos de Whatsapp identificados como "Super Mario Bros", "Grupo Pilar", "Grupo Argentina", "Grupo Las Tres" y "Grupo Cueva".

"Los hechos de espionaje fueron múltiples y se exteriorizaron a través de instalación de puestos de observación en los domicilios de residencia de algunas de las víctimas y/o en sus lugares de trabajo; registro de esas observaciones mediante fotografías; recolección y recopilación de información a través de la utilización de diversas fuentes (portales de Internet de acceso público, notas periodísticas, compulsas en diversas bases de datos, fuentes privadas, acceso a cámaras instaladas en los distintos puntos de observación; etc.); realización de seguimientos mediante vehículos de la propia AFI; participación encubierta en actividades de carácter político, entre otras maniobras", reseñaron los fiscales.

"Toda la información recolectada era procesada y plasmada en informes en forma sistemática y progresiva, lo que arrojó como resultado un estado actualizado y periódico de cada uno de esos espionajes sobre los objetivos que se proponían", sostuvieron.