. La nueva guerra entre el Gobierno y Clarín por los servicios de telecomunicaciones

Alberto Fernández dio a conocer el último viernes una estrategia de condicionar el accionar de las empresas de telecomunicaciones, algo que se supone que venían ideando en silencio hace semanas, pero con el Grupo Clarín como objetivo.

En las empresas de telefonía, Internet y TV paga analizaban si detrás de la decisión de Alberto Fernández de convertir dicho sector en servicio público esencial y mantener congeladas las tarifas hasta fin de año es una gran tentativa del renacer de la guerra entre el kirchnerismo y los dueños del Grupo Clarín, accionistas mayoritarios de Telecom.

Si bien el mandatario siempre mantuvo una buena relación con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, su gobierno recibe crecientes críticas de dicho grupo mediático, fundamentalmente, por la reforma judicial. Por esta razón, algunos hombres de negocios consideran que tal vez la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esté detrás del giro en la relación entre el presidente y el grupo de Magnetto, los Noble Herrera, Aranda y Pagliaro.

"No sé si el Gobierno tomó esta decisión por la guerra con Clarín, pero no lo descarto. Quizá lo hizo por ideología", expresó el ejecutivo del sector. En tanto, a partir de un chat interno de otra empresa, planteaban la hipótesis del enfrentamiento con Magnetto y compañía: "Algunos consideran que es una ofensiva contra Telecom, pero no hay información, estamos desesperados. Es un bombazo, una sorpresa, nadie lo sabía, ni siquiera Enacom, que se enteró por el tuit del presidente", añadió.

Fernández utilizó su red social como anticipo al DNU que dieron a conocer horas más tarde y el cual fue justificado como una forma de "recuperar herramientas regulatorias que el gobierno anterior le quitó al Estado". En tanto, la explicación la argumentó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof quien recordó que "en diciembre del 2014 la Ley Argentina Digital ya había reconocido el carácter de servicio público esencial y estratégico de TIC" y además marcó que "apenas a 20 días de asumir, Macri derogó por DNU este artículo y lo modificó unilateralmente leyes debatidas y votadas democráticamente por el Congreso Nacional a pedido del lobby".

Por otra parte, según indicó Perfil, en primera instancia hubo un llamado telefónico de la vicepresidenta al número dos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, para saber si se podía trabajar en un marco regulatorio similar al de las empresas de medicina prepaga para controlar los recurrentes aumentos de tarifas, comunicación que por parte del grupo negaron que existió.

Por cuestiones técnicas y legales, López le habría dicho que no era viable la alternativa, sin embargo semanas más tarde fue la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien hizo un planteo similar a López y recibió igual respuesta. A partir de esto se activó un mecanismo para intentar encontrarle una variante al tema que culminó con el decreto presidencial que ya se conoce.

Ibarra y López fueron quienes se pusieron a trabajar codo a codo en el texto del decreto que terminaron de pulir el mismo viernes en Olivos, durante una larga jornada de trabajo que finalizó con el visto bueno del Jefe de Estado.

Con la firma del decreto, Fernández dejó en claro la ruptura del pacto tácito que había sellado con Clarín al inicio de su gestión y adicionó un nuevo capítulo a los vaivenes que tiene el kirchnerismo con el conglomerado mediático desde la gestión de Néstor Kirchner. Esta medida fue un duro golpe contra un mercado que tiene como principal jugador al holding que nuclea Cablevisión, Fibertel, Telecom y Personal y, de acuerdo a fuentes del oficialismo, fue originada por varios disparadores.