. La Oficina Anticorrupción deja de ser querellante en todas las causas contra funcionarios y exfuncionarios

La Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo, ya no intervendrá como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos. Así lo dispuso su titular, Félix Crous, que firmó una resolución que disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios y ordenó la reasignación de todo su personal.

Según trascendió, la OA dejará de ser querellante en todas las causas penales. Eso incluye todos los expedientes de corrupción de la gestión kirchnerista. El retiro no será inmediato en todos los casos. En los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia.

“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, explica esa disposición.

En esa línea, en mayo pasado, el organismo dio un primer paso muy simbólico: abandonó su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, donde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera.

Esta mañana 20/10, su titular, Félix Crous dijo que está "reperfilando" a la OA "de acuerdo con lo planificado" desde que asumió el cargo. "Es mi mirada y es lo que hablé con el Presidente", afirmó, en una conferencia organizada por el estudio Marval, O"Farrell y Mairal, en la que explicó que está tratando de convertir a la OA en "un motor de políticas públicas, dejando paulatinamente el rol de litigio".

En su resolución de hoy, Crous sostuvo que el Ministerio Público Fiscal -con su organismo específico de persecución de la corrupción, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- es quien debe oficiar de acusador en las causas penales y que es "redundante" que lo haga también la OA. Con esos argumentos, hoy disolvió la de la Dirección Nacional de Litigio Estratégico.

Crous sostuvo además que "la oficina ha asumido el rol de querellante en numerosos juicios, a los cuales se han afectado la mayoría de los abogados de la dependencia" y que "debe afrontar su cometido específico en el trazado e implementación de políticas públicas en el marco y con las limitaciones presupuestarias que impone la situación general de los recursos públicos", sentenció.