29 de diciembre de 2020
El Senado comenzó a tratar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y que, a su vez, habilita la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que no están de acuerdo en realizar la práctica médica.
Si bien ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados, aún su resultado es incierto, ya que continúan las negociaciones entre los bloques para intentar torcer la definición que está virtualmente empatada.
El proyecto de ley regula el acceso a la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación y, luego de ese plazo, no estará permitido, excepto en los casos contemplados por el Código Penal.
En Argentina, el Código Penal permite el aborto cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer o persona gestante y cuando el embarazo es producto de una "violación o atentado al pudor contra una mujer demente".
Las mujeres y las personas gestantes tendrán derecho a acceder a la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud con un plazo máximo de 10 días corridos desde la solicitud. Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado del paciente expresado por escrito.
Todas las obras sociales y prepagas deben garantizar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Las prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio junto con las de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
Los médicos podrán negarse a realizar el aborto, pero deberán derivar obligatoriamente a la paciente. El artículo 11 de este proyecto aclara que aquellos efectores "que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo" deben trasladar a la persona a uno que realice efectivamente la prestación.
"En todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación", detalla la norma.
La iniciativa establece el derecho de la persona que requiera el aborto a recibir servicios médicos y psicológicos después de la intervención. Los médicos no podrán alegar objeción de conciencia para negarse a prestarla, y de incumplir con dicha obligación, podrían recibir sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles.
Deberán solicitar la IVE mediante un consentimiento firmado por al menos uno de sus padres o responsables legales. En tanto, los casos de adolescentes de entre 13 y 16 deberán concurrir al centro de salud con un acompañante o "referente afectivo".
En caso de que el aborto se hiciese fuera del período establecido, se fijarán penas entre tres meses y un año de prisión.
De aprobarse el proyecto de ley, se modificaría el artículo 85 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente forma: "El o la que causare un aborto será reprimido: 1) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86".
En tanto, el artículo 86 quedará de esta manera: "No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional".
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