30 de diciembre de 2020
Esta madrugada, a la par de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Senado de la Nación Argentina también aprobó el proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, el cual establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. También, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación, y se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.

Esta normativa tiene como objetivo afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.
Asimismo, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez. Por otro lado, se creará en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años”.

Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, indicó que esta iniciativa es “una verdadera política pública para el cuidado de nuestros niños”. “Espero que este proyecto pueda ser articulado con el resto de las normas. Es declarativo, ni siquiera se dice de dónde saldrán los fondos para hacer estas acciones, pero aún así, votaremos en forma positiva para no retrasar las poquísimas medidas que establece”, agregó el radical. Por su parte, el oficialista santiagueño, José Neder, manifestó que “en este contexto de pandemia quedó claro que la salud deberá ser siempre un derecho. Por ello la decisión del gobierno es implementar políticas efectivas, no aisladas, sino integrales para que en conjunto den un resultado efectivo”. Y concluyó planteando que “este programa de los 1.000 Días reconoce un conjunto de derechos y líneas de trabajo entre los distintos organismos porque la equidad territorial en la cobertura se logra atendiendo las necesidades en los grandes centros urbanos y en el interior profundo”.