. Juntos por el Cambio pide la intervención de la CIDH en el escándalo de Formosa

Los presidentes de los bloques legislativos de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Naidenoff (por el Senado) y Mario Negri (por Diputados), presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se ponga fin a los “aislamientos compulsivos” en los centros especiales ubicados para los casos sospechosos y confirmados de coronavirus, en la provincia de Formosa.  

Esta solicitud por parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio hacia el tribunal internacional se originó luego de que se agravara la detención de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las condiciones inhumanas de los centros de aislamiento por COVID-19, y la violación y abusos a los derechos humanos.  

De acuerdo con la presentación que los legisladores del radicalismo presentaron, se describe que los centros de aislamiento “no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de esta enfermedad potencialmente mortal”. De esta manera, se vulneran los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la libertad personal, a la privacidad y los derechos del paciente, además de conculcarse la libertad de circulación y residencia. 

En concreto, los planteos que los dirigentes opositores presentan ante la CIDH son los siguientes:  

-El cese inmediato todo acto, hecho u omisión “reputados lesivos de derechos fundamentales”. 
-Se ordene a la provincia de Formosa que se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas COVID-19 positivas o a sus contactos estrechos en los centros de aislamiento, y que se disponga del aislamiento de estas personas en sus domicilios. 
-Se constate in situ las condiciones de aislamiento de las personas alojadas en los centros de aislamiento de la provincia de Formosa, a fin de determinar la existencia de la vulneración de sus derechos humanos o de existencia de violencia institucional. 
-Se proteja a las personas aisladas de manera tal que el ejercicio de sus derechos a través de esta presentación no les genere inconvenientes laborales, y que las autoridades provinciales se abstengan de realizar acciones estigmatizantes. 
-Que el Estado argentino garantice el acceso a asesoramiento jurídico y la asistencia psico-social a víctimas de las violaciones a los derechos humanos. 
-Oportunamente, que se dispongan las medidas necesarias a fin de que se corrijan las condiciones en que se cumplen las medidas sanitarias de aislamiento sanitario en Formosa. 

Por su parte, Amnistía Internacional alertó por la violación de los derechos humanos en Formosa y pidió la intervención del Gobierno nacional, luego de la detención de las dos concejalas opositoras que fueron apresadas mientras se manifestaban en la puerta de la Escuela 18 de la capital provincial. Según manifiestan desde el Gobierno de Insfrán, las detenidas están acusadas de “instigación a cometer delitos, intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad e infracción al artículo 205 del Código Penal”.