28 de enero de 2021
A partir del 24 de enero del 2021 entró en vigencia la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que, tras años de reclamos históricos encabezados por el feminismo, Argentina pasó a integrar oficialmente la lista de países donde el aborto es legal.

Sin embargo, la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien está a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 19 de Resistencia, Chaco, decidió hacer una medida cautelar peticionada por Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Ávila, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina contra la Ley 27.610 y ordenó suspenderla en su provincia.
Esta iniciativa está dirigida "contra el Gobierno de la Provincia de Chaco y/o el Ministerio de Salud Público del Chaco y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco y/o quien resulte responsable".
En tanto, en su presentación, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma que entró en vigencia recientemente, y argumentaron que el Art. 15 Inc. 1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho "a la vida a y a la libertad, desde la concepción" a todas las personas.

Además solicitaron que la respuesta de la Justicia sea "rápida y eficaz", ya que, en caso de demorarse, se pondrían en riesgo "a uno, dos, tres, cien o miles de niños y niñas chaqueñas, ante la amenaza real cierta y concreta de la entrada en vigencia de la norma".
Por último, trascendió que una de las grandes impulsoras de la medida cautelar para que la ley de IVE no entre en vigencia en Chaco es Clelia Ávila, una exdiputada provincial por la UCR, quien fue denunciada por el Gobierno de dicha provincia tras atacar a un grupo de mujeres en el 32° Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo en Resistencia el 14, 15 y 16 de octubre del 2017.