. La Justicia acelera la investigación por los vacunatorios VIP

Luego de que estallara la bomba por el escándalo del vacunatorio VIP, lo que marcó la renuncia del ahora ex ministro de Salud, Ginés González García, en las últimas horas los jueces federales con asiento en Comodoro Py recibieron otras denuncias sobre la aplicación irregular de la fórmula desarrollada para combatir el coronavirus, a funcionarios, políticos, sindicalistas, periodistas, amigos y familiares. De las que todas esas denuncias fueron remitidas al juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien investiga junto al fiscal Eduardo Taiano, la acusación contra Ginés y Horacio Vervitsky. 

La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 recibió la primera denuncia formal, la cual fue hecha por el fiscal Guillermo Marijuán, por el vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud con personal del Hospital Posadas. Reúne todos los expedientes que guardan relación. Y ahora el fiscal deberá evaluar si amplía las imputaciones.  

Por su parte, en Olavarría, provincia de Buenos Aires, el juez federal de Azul, Gabriel Di Guillo, aceptó la competencia de la causa por la pérdida de 400 dosis de la vacuna Sputnik V en el Hospital de Oncología, al considerar que los imputados, que son los directores del hospital y el director de la Región Sanitaria, pudieron haber puesto en riesgo la salud pública. En tanto, la justicia bonaerense investiga un vacunatorio VIP en San Nicolás, de donde son oriundos González García y su sobrino, Lisandro Bonelli, quien también fue vacunado por fuera del protocolo. El pasado martes, por orden de la fiscal Verónica Marcantonio, se allanó el hospital San Felipe para secuestrar documentación que podría probar la existencia de vacunaciones irregulares.  

Este escándalo también salpica a varios gobernadores del país. De hecho, este delito configurado en el artículo 205 del Código Penal es el que habilita en primera instancia al fuero federal a observar de cerca las causas que también se están abriendo en provincias como Córdoba, Salta, Jujuy y Buenos Aires por aplicación de la vacuna fuera de los protocolos y por irregularidades en su distribución. En cuanto a Córdoba, la Justicia Federal estudia la denuncia que hicieron el diputado Luis Juez y el senador Ernesto Martínez acerca de la existencia de un vacunatorio VIP. Sostienen que existe un listado con nombres de funcionarios y amigos que habrían sido inmunizados por fuera del protocolo.  

Por otra parte, también se abrió una investigación contra el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. El juez Ariel Lijo ordenó un allanamiento en la sede de la cartera que conduce Fernán Quirós luego de recibir una denuncia por la distribución de las vacunas a centros privados y prepagas. Y después de que el fiscal Carlos Stornelli imputara a Quirós y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta por la presunta “privatización” de las dosis. Asimismo, Lijo libró un oficio al Ministerio de Salud de la Nación para que informe cuántas dosis se entregaron a la Ciudad. Los investigadores buscan determinar cómo se distribuyeron en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada, bajo qué criterios se suscribieron convenios y a quiénes se inoculó.