. ¿Qué dijeron los fiscales tras el discurso del Presidente?

A raíz de las declaraciones brindadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso ante la Asamblea Legislativa en el marco de la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, el titular a cargo de la Asociación de Fiscales Nacionales, Carlos Rívolo, cuestionó la reforma del Ministerio Público que impulsa el jefe de Estado, justificando que "no es una reforma. En términos de tribunal de enjuiciamiento para los fiscales se transforma en un pelotón de fusilamiento porque es invadida completamente por la política. La justicia necesita una reforma, pero no una reforma coyuntural”. Y añadió que "si estas leyes prosperan, quedan un Ministerio Público Fiscal endeble, en donde investigar causas de corrupción va a ser imposible”.

El proyecto del oficialismo, que ya cuenta con media sanción del Senado y falta su aprobación en Diputados, flexibiliza el mecanismo para designar al Procurador General de la Nación. Una gran parte de la Justicia sostiene que esta iniciativa tiene como fin correr de su puesto al actual procurador interino, Eduardo Casal, jefe de los fiscales, y así poder limitar el poder de quien lo reemplace. “La Justicia necesita una reforma pero no coyuntural, ¿Queremos procesos más rápidos y vamos a crear un tribunal de Garantías Constitucionales?”, continuó Rívolo refiriéndose a la idea del Presidente de crear un tribunal que limite el poder de la Corte Suprema, y que tendría competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad, llegando a él a través de un recurso extraordinario. “De ese modo la Corte Suprema de Justicia podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitucional Nacional expresamente le ha dado".

Si se concretara esta iniciativa, el Tribunal Federal de garantías se encontraría por debajo de la Corte e intervendría en expedientes antes de que estos lleguen a manos de los cinco miembros del máximo órgano de Justicia. Es decir que, la Corte solo intervendrá cuando se plantea la inconstitucionalidad de alguna norma, mientras que el Tribunal Federal de Garantías lo hará en los restantes aspectos, como la apelación por condenas penales.

Asimismo, el Presidente anticipó, en su discurso de ayer, un proyecto para reglamentar el recurso extraordinario ante la Corte y establecer cuáles son las competencias del máximo tribunal “en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias”. También, propuso determinar la “arbitrariedad” de las sentencias “para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”.