. Imputaron a concejales y funcionarios que en 2020 ganaron más cobrando el IFE

En medio del avance de la pandemia y la incertidumbre que reinaba en el 2020 por la llegada del coronavirus en el país, se conoció la historia de seis concejales y dos funcionarios municipales jujeños que se aprovecharon de una medida de asistencia del Gobierno para los más necesitados: cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Un años después fueron imputados por la Justicia Federal.

Según trascendió este viernes, un fiscal federal de Jujuy, Federico Zurueta, terminó imputando a los ocho funcionarios de distintas localidades por la "presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública", además del incumplimiento de los deberes de funcionario público

Para el fiscal se trata de un hecho consumado y siete en grado de tentativa. En la investigación se pudo comprobar que uno de los acusados percibió el beneficio en dos ocasiones. Es por eso que se le impuso un embargo de 50 mil pesos. La historia genera indignación entre propios y extraños ya que mientras había familias enteras con dificultades para llegar a fin de mes, estos funcionarios se aprovechaban de los subsidios del Estado.

"La ejecución del fraude se inició con la solicitud del beneficio en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a quien le hicieron incurrir en error para obtener un tratamiento que no les correspondía", sostuvo Zurueta al referirse a lo sucedido.

Por otro lado, se detalló que está "debidamente acreditado que todos los imputados al momento de los hechos atribuidos revestían la calidad de funcionarios públicos y se encontraban prestando tales funciones". es decir que las tres personas ocupaban cargos estatales.

Entre los diferentes casos se destaca lo sucedido con el concejal de Caimancito Diego Agustín Mayaregua, el mismo que "solicitó el beneficio el 27 de marzo de 2020 y seleccionó como medio de pago transferencia bancaria". Hay que destacar que el informe del banco reportó dos operaciones de ANSES (IFE) por un valor de 10 mil pesos cada uno, en julio y agosto del 2020.

En el momento que estalló el escándalo, uno de los concejales se excusaba diciendo que "no entendía" como sus datos estaban en Anses. "No toqué ese dinero", se defendió. Sin embargo, la investigación determinó que efectivamente se había hecho acreedor del subsidio.