. El Gobierno prepara la respuesta ante la Corte para defender el DNU de Alberto Fernández

El Gobierno nacional trabaja en la presentación de las pruebas y fundamentos con los que pretende defender el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual Alberto Fernández suspendió por dos semanas la presencialidad en las escuelas de la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La presentación será ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se realizará luego de que el máximo tribunal aceptará su competencia originaria en el caso, y le corriera traslado al Ejecutivo nacional para que en un plazo de cinco días aporte pruebas para sostener su decisión. 

Desde el Gobierno de Fernández sostienen que la respuesta no solo será jurídica sino epidemiológica. En la presentación expondrán cómo aumentó la positividad del coronavirus en la población escolar. También argumentarán que en esta segunda ola de la pandemia crece fuertemente el contagio entre los más jóvenes, y que el problema no es la escuela sí sino el traslado de padres e hijos hacia los establecimientos educativos.  

Fuentes oficiales han dejado trascender que la idea es “presentarlo con la mayor celeridad posible”, estimando que “al mediodía tendremos un panorama más claro de los tiempos. Salud presentó un escrito y los equipos jurídicos tendrán esos fundamentos como base”. La estrategia será plantear una respuesta que deje en claro que el Ejecutivo no tomó una medida de política educativa, sino sanitaria, y que el hecho de suspender las clases presenciales busca como único objetivo mitigar los efectos de la segunda ola de COVID-19.  

Enviarán el escrito a la Corte lo antes posible para que la respuesta del máximo tribunal también sea lo más expeditivo posible. La Corte estableció que la demanda se realizará a través de un proceso “sumarísimo”: un trámite que se resolverá de manera rápida, tal como está previsto en el Código Procesal Civil y Comercial. La respuesta del Gobierno nacional se materializará mediante la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero. De la confección del documento participarán el Procurador General de la Nación Carlos Zannini, la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra y la ministra de Salud Carla Vizzotti.