27 de abril de 2021
Leonardo Fuchi, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad de la ley 6.289 aprobada en el 2019 por la Legislatura local que autorizaba al Gobierno porteño la venta del predio de Costa Salguero en Costanera Norte.

La resolución del magistrado hizo lugar al amparo presentado por la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Gabriela Cerruti y la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad contra el Gobierno porteño.
En el fallo, Fuchi declaró "la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad", lo cual reglamentan los alcances de las audiencias públicas para la participación ciudadana y el proceso obligatorio para las normas sancionadas en el Parlamento denominadas "de doble lectura".
Los diputados habían aprobado en diciembre del 2019 la ley por la cual se habilitaba a la administración porteña a desprenderse de los terrenos de la Costanera donde funcionaron los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco mediante un solo debate legislativo, lo que fue objetado por la diputada Cerruti y el Observatorio ante la Justicia.
Es que, para los amparistas, la iniciativa debía encuadrarse en las normas "de doble lectura", lo cual significa que debe ser sometida a dos tratamientos: en comisión y en el recinto, incluyendo la realización de una audiencia pública, lo que el Ejecutivo no cumplió.
"El fallo que da lugar al amparo y declara la inconstitucionalidad de la ley que intenta vender los terrenos de Costa Salguero es fruto de la movilización de las fuerzas políticas y sociales de la Ciudad", aseguró Cerrutti a través de Twitter luego de conocerse la resolución judicial.
De esta manera, la venta del predio de Costa Salguero quedó suspendida y se estima que la medida incidirá en la ley que aún está en debate en la Legislatura que, a su vez, avala un proyecto inmobiliario para la construcción de edificios en el lugar, lo que es resistido por organizaciones sociales y políticas que plantean que allí debe haber un espacio verde y público.