. Ordenan la captura internacional de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el operador judicial del macrismo

Este miércoles, la jueza Maria Servini ordenó la captura internacional de Fabián Rodríguez Simón a los fines de tomarle la declaración indagatoria y dispuso la inhibición general de todos sus bienes. Esta decisión es en consecuencia directa de la movida que hizo "Pepín", señalado como el operador judicial de Mauricio Macri, cuando anunció que pedía asilo político en Uruguay.

A través de la resolución, la jueza decidió declarar "rebelde" a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional. De esta manera, dispuso oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que se notifique de la medida a las fuerzas de seguridad y, en el escrito, la magistrada ordenó "oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina" y citó el último domicilio que declaró el abogado en Uruguay, donde se encuentra desde fines del año pasado.

Por otra parte, Servini adelantó que librará un exhorto internacional a las autoridades que correspondan de Uruguay "a efectos de solicitarles que, de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón" y que, además, "se prohíba su salida de ese país".

El lunes último, Rodríguez Simón comunicó, a través de una carta, que pidió asilo político en Uruguay por ser considerado víctima de una "persecución" en Argentina. Ante esto, detalló: "Ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuando regrese al país. Tengo temores fundados de que si lo hiciera, sería privado indebidamente de mi libertad. Hay causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme".

Razones por lo que es acusado

Rodríguez Simón fue director de YPF por el Estado Nacional y representante argentino en el Parlasur durante la gestión de Macri. De acuerdo a la denuncia, fue uno de los impulsores de la causa judicial por evasión contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y es investigado por la Justicia por asociación ilícita. Según la presentación en contra de él, mantuvo cientos de contactos con referentes del entonces gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires para avanzar en la causa que llevó a prisión a los dos empresarios.

Esta causa fue iniciada tras la acusación del empresario De Sousa contra Macri y su entorno por haber montado, según indicó, un plan estatal y mediático para despojar al grupo Indalo de sus empresas. A partir de esto, Rodríguez Simón argumentó que fue asesor del gobierno de la Ciudad para gestionar que los empresarios comenzaran a pagar Ingresos Brutos, algo que hicieron desde el 2016.