. #AudienciaPorCoparticipación

Este miércoles se llevará adelante una nueva audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia para resolver el conflicto por los fondos de la coparticipación federal, en la que representantes del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volverán a verse las caras por este enfrentamiento. Este nuevo encuentro se dará en la continuidad de las audiencias previas convocadas por la Corte para intentar proponer una vía de diálogo y conciliación entre ambas partes. 

De la audiencia participarán, como parte de la CABA, el procurador porteño Gabriel Astarloa, el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan. Por parte de Nación asistirán los abogados del Ministerio de Economía, Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson. 

De acuerdo con estimaciones hechas por las autoridades porteñas, el recorte de fondos implicó la pérdida de 40 mil millones de pesos en los últimos siete meses. Luego del encuentro en privado que mantuvieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, para discutir esta cuestión, Larreta “reafirmó su permanente predisposición al diálogo para acordar el traspaso del sistema de Seguridad Pública en forma ordenada y consensuada”. 

El Ejecutivo porteño debió paralizar todas las obras públicas y tuvo que implementar un fuerte recorte de gastos y aumento en los ingresos para financiar a las fuerzas de seguridad, las cuales insumen 95.000 millones de pesos. Por la decisión de Nación, el monto transferido es de $24.500 millones, por lo que la diferencia debe ser cubierta por la Ciudad. Para la administración de Rodríguez Larreta ese monto no es suficiente para afrontar los gastos que implican mantener el funcionamiento de la fuerza de seguridad.  

Entre los puntos que la Ciudad entiende como importante para discutir, se encuentran el monto necesario para financiar el servicio de Seguridad transferido, el mecanismo de actualización de dicho monto, y el mecanismo de transferencia de los recursos, el cual debe ser automático y por fuera del Presupuesto nacional. Sobre todas estas cuestiones debería alcanzarse un acuerdo “razonable” que no es el que se establece en la Ley 27.606 que el Ejecutivo porteño cuestiona por considerarlo inconstitucional. Sin embargo, en principio no habría acuerdo, por lo que el máximo tribunal tendrá que decidir si continúa con la mediación o la cancela y avanza en el análisis del expediente.