28 de junio de 2021
Después de que no hayan alcanzado un acuerdo en la mediación por la denuncia por injurias que terminó presentando el Presidente, Alberto Fernández va a demandar a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por 100 millones de pesos. La acusa de decir mentiras sobre las negociación con el laboratorio Pfizer.
Alberto Fernández va a demandar a Patricia Bullrich por injurias, así lo confirmó el domingo el abogado Gregorio Dalbon, a través de las redes sociales. "El Presidente de la Nación interpuso demanda contra Bullrich por ($100 Millones)", adelantó.
Y luego continuó: "La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entran en etapa judicial. El Presidente donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo", añadió el letrado.
Dalbon sostuvo que al mandatario no le importa lo económico, ya que esto será donado. Lo que le interesa pedir es que "se lea la sentencia en aquellos canales que se hicieron eco de las declaraciones de Bullrich sobre que el Gobierno nacional intentó colocar un intermediario en la negociación con Pfizer para obtener un retorno y que esto no le era ajeno al Presidente".
El pasado 18 de junio fracasó la audiencia conciliatoria entre ambos y de esa manera el Gobierno decidió avanzar con la demanda. Esta mediación se desarrolló de modo virtual, duró menos de media hora. Ese escueto tiempo alcanzó para que ambas partes expresaran su voluntad de no conciliar.
Patricia Bullrich hizo una acusación pública que realizó sobre presuntas irregularidades en la negociación con la multinacional Pfizer para adquirir vacunas contra el coronavirus. Había señalado que el Gobierno pidió coimas para poder avanzar con la llegada de vacunas al país.
Los polémicos dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio Pfizer mediante un comunicado de prensa, primero y luego por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso. El Ministerio de Salud terminó denunciando a la titular de Juntos por el Cambio ante la Justicia Federal. Se denunció que los dichos “atentan contra la confianza de la población y podrían impactar en las negociaciones en curso”.
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