. Bolivia detalla el armamento y las municiones enviadas por el gobierno macrista

Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno de Bolivia, presentó este lunes el armamento y las municiones enviadas desde Argentina durante la gestión de Mauricio Macri y Ecuador, bajo el mandato de Lenín Moreno, en noviembre del 2019 a la administración de facto de Jeanine Áñez tras el golpe de Estado contra el entonces presidente de ese país, Evo Morales.

"Solo para la Policía Boliviana ingresó de manera irregular, sin cumplir con la normativa legal vigente, cerca de 27.000 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 19 gases aerosol, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS", detalló Del Castillo durante una conferencia de prensa.

Además, el ministro presentó una cronología de la llegada del armamento y recordó que el golpe contra Morales ocurrió el 10 de noviembre, y que un día después, hubo "masacres en la zona sur de La Paz, dejando personas fallecidas y decenas de heridos y detenidos" por la represión que hicieron las fuerzas policiales y militares contra la oposición que se oponía al golpe.

Según el funcionario, ese mismo día, el entonces embajador de Argentina, Normando Álvarez García, envió una nota a la Cancillería boliviana "solicitando la autorización para el ingreso de personal, material y equipamiento para que la Agrupación de Fuerzas Especiales "Alacrán" de la Gendarmería Nacional Argentina las usara en el Estado Plurinacional de Bolivia".

Dos días después, Áñez se autoproclama mandataria de Bolivia y el Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP) boliviana "autorizó la internación y el porte temporal en Bolivia de armas de fuego, municiones y materiales relacionados al personal de la Agrupación de Fuerzas Especiales "Alacrán" de Argentina", indicó el ministro. A la madrugada del día siguiente arribó el material antidisturbios a La paz en un vuelo de un avión Hércules C-130.

"Hay dos tipo de materiales que ingresaron al país ese 13 de noviembre. Uno de manera legal que fue autorizado por el IITCUP con nota previa en Cancillería, específicamente para brindar seguridad a la Embajada de Argentina, y otro armamento antidisturbios no autorizado que no cuenta con ningún registro formal ni siguió los procedimientos establecidos en la Ley 400", explicó Del Castillo. Además aclaró que el material se entregó tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía.

La normativa violada que mencionó el funcionario (Ley 400) es la que tiene por objeto normar, regular y controlar la fabricación, importación, exportación, internación temporal y otras actividades relacionadas con armas de fuego, municiones y explosivos entre otros, en el marco de la Seguridad y Defensa del Estado y de la Seguridad Ciudadana en Bolivia.

"El gabinete de la muerte"

Durante su relato, Del Castillo indicó que el 14 de noviembre se llevó a cabo una reunión de gabinete del gobierno de Áñez, el cual fue denominado "El gabinete de la muerte", y a través del cual Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación, "consigue el envío de material antidisturbios desde Ecuador". En tanto, se promulgó el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas.

Luego, el 15 de noviembre, ocurre la represión y la masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos caminaban en dirección a La Paz para manifestarse. Hubo 12 muertos y 125 heridos.

Días después, Áñez gestiona que otra aeronave boliviana "transportara desde Ecuador proyectiles y granadas antidisturbios". Recién el 19 de noviembre ocurre una nueva masacre en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de alrededor de 10 personas.

Plan continental para reprimir al pueblo boliviano

El ministro también denunció que existió "un plan continental para reprimir al pueblo boliviano" a través del pedido de apoyo de material bélico a la Argentina y a Ecuador que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump mencionó "un supuesto fraude electoral sin prueba alguna".

Recién a partir del 20 de octubre del 2019 cuando Bolivia celebró los comicios, en los que Morales resultó reelecto, comenzaron las acciones políticas y movilizaciones por un supuesto fraude electoral lo que terminó con el golpe de Estado el 10 de noviembre. "Esto le demostró a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que ya se tenía un manual para un presunto golpe de Estado en nuestro país", cerró.