. En libertad condicional, Amado Boudou pidió que le permitan ejercer cargos públicos

Luego de haber recuperado la libertad, el ex vicepresidente Amado Boudou admitió que quiere volver a tener un cargo en el Gobierno Nacional. No obstante, hay algo que se lo impide: el fallo que lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone, el cual también lo inhabilitó a ejercer cargos públicos.

"Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos porque eso fue un accesorio de la pena", expresó Boudou ante Radio El Destape, y aseguró que continuará "peleando en todos los frentes" para cambiar esa situación.

Más allá de sus ambiciones, Boudou recordó que en ningún momento dejó ni dejará de hacer política. "Tenemos que entender que la política se puede hacer en todos lados. No hace falta ser funcionario o tener un cargo. Hay que retomar la idea de la política por fuera de esa lucha", remarcó.

Además, con respecto a sus próximos proyectos, anticipó: "Me gustaría colaborar en la formación y en la generación de ideas, la discusión y el armado de un programa".

Boudou también aprovechó para meterse de lleno en la campaña electoral y aseguró que, en las próximas legislativas, "se van a dirimir dos modelos" y se parecerá más a "una elección al Poder Ejecutivo". "Para que no se note lo que hicieron, el macrismo saca a Macri (Mauricio) y a Bullrich (Patricia) de la contienda, pero los candidatos representan lo mismo", opinó.

Al referirse a su situación judicial, donde obtuvo la libertad condicional, sostuvo: "Estoy muy contento, pero tampoco festejo. Hay que cambiar todo lo que pasó". En ese sentido, agregó: "Quedan casos como el de Milagro Sala y otros presos políticos".

"El caso Ciccone fue una parodia de un juicio", enfatizó al señalar que "el tribunal judicial convalidó una sentencia mediática ya escrita hacía muchos años".

Amado Boudou quedó en libertad condicional en el caso Ciccone por el cual fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por intentar quedarse con el 75% de las acciones de la empresa que imprime papel moneda.

No obstante, la decisión del juez Ricardo Basílico generó duras críticas por parte de varios integrantes del arco opositor que, directamente, calificaron la medida como un "indulto encubierto".