. El Ministerio de Seguridad creó un Comité de Ética Profesional Policial

A través de la Resolución 374/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se creó un Comité de Ética Profesional Policial para revisar el desempeño de los miembros de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La iniciativa fue ordenada por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Y se da en medio del debate que se generó sobre el accionar policial en el caso de Santiago “Chano” Moreno Charpentier. Mencionado episodio también reavivó la discusión sobre el uso de las pistolas Taser.  

La institución tendrá como objetivo emitir dictámenes ante las “faltas profesionales graves” que puedan cometer las fuerzas de seguridad federales. Asimismo, podrán elaborar una doctrina que fijará los “principios, valores, competencias y conductas” que deberán cumplir los efectivos. La intención será “mejorar las instancias de control” sobre los uniformados “mediante el análisis de casos y dictámenes, doctrinas y estándares de ética profesional policial, para su empleo en el juzgamiento administrativo del personal”. 

Asimismo, habrá una institución formalizada de control “externo”. Habrá un Consejo Consultivo que funcionará paralelamente. Organismos de derechos humanos, instituciones académicas y ONG’s especializadas en materia de seguridad y transparencia podrán emitir opinión sobre las actuaciones del organismo. 

Misiones principales del Comité 

Se elaborará un Código de Ética Profesional Policial, respaldado por estatutos internacionales. Y emitirá dictámenes sobre situaciones que involucren conductas de los agentes de las fuerzas. Las cuales, a priori, “constituyan faltas profesionales graves, o cuando por su naturaleza, las circunstancias que los rodeen, su repercusión o significancia, pudieran representar graves abusos funcionales, graves violaciones a los derechos humanos y/o severas afectaciones al servicio”. 

La entidad estará facultada para convocar al personal involucrado para entrevistarlo junto a testigos, funcionarios y expertos. La expectativa es que el organismo pueda recomendar la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma ante los casos o situaciones que resulten controversiales.