5 de agosto de 2021
A partir de las 11 de la mañana comenzará la sesión con modalidad mixta, presencial-virtual, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sesión que debatirá el convenio entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para habilitar la construcción de edificios en la ex ciudad Deportiva de Boca. Dado que existe una causa judicial en curso iniciada por organizaciones que se oponen al proyecto inmobiliario, la votación podría ser postergada. También se debatirá sobre el proyecto de rezonificación del predio de Avenida La Plata donde San Lorenzo planea reconstruir su estadio.

Tras un encuentro de labor parlamentario llevado adelante en la jornada de ayer en la Legislatura porteña, el convenio para cambiar las normas urbanísticas del predio de la Costanera Sur quedó incluido en el temario. La votación podría ser postergada debido a que hay una orden judicial vigente de “suspender precautelarmente el trámite”. De esta manera, está en duda si el oficialismo porteño, representado en la Legislatura local por el bloque Vamos Juntos, logrará esta semana la primera votación para el convenio entre el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el grupo IRSA.
Este convenio busca modificar las normas urbanísticas del predio que tiene 71 hectáreas, ubicado frente a Puerto Madero. Al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno. El acuerdo autoriza el desarrollo inmobiliario del IRSA y prevé la construcción de edificios de hasta 45 pisos. Pero, por un recurso de amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con otras organizaciones, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, ordenó "suspender precautelarmente el trámite".

Los terrenos sobre los cuales gira este conflicto, fueron propiedad del Estado Nacional hasta que en la década de 1960 fueron donadas al club Boca Juniors. El objetivo, en aquel entonces, era que allí se construya un estadio y canchas auxiliares. Contando con la prohibición de que luego fuera vendido a privados. Pero, en el año 1997 IRSA adquirió esos terrenos por 50 millones de dólares.
Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es la organización dirigida por el abogado Jonatan Baldiviezo, este proyecto inmobiliario de IRSA va en contra de la Constitución local. Ésta ordena que se deben “preservar e incrementar” los espacios verdes en la ribera porteña, dado a su importancia para la calidad del medioambiente.