. El Poder Judicial regresa a la presencialidad a partir de septiembre

La Corte Suprema de Justicia dispuso el regreso a la presencialidad a partir del próximo 1° de Septiembre para todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial incluidos aquellos que sean mayores de 60 años y que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"En las actuales condiciones corresponde adoptar las medidas pertinentes a fin de que la prestación del servicio de justicia pueda efectuarse de un modo más eficiente", expresaron los cinco jueces de la Corte: Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

"El Tribunal advierte que resulta necesario contemplan los efectos de la vacunación destinada a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, respecto de la convocatoria a prestar actividad presencial de aquellos agentes alcanzados por las licencias que no padezcan enfermedades que los hagan más vulnerables al virus", justificaron en la Acordada 14/21.

De esta manera, la parte resolutiva de la acordada dispone: "A partir del 1 de septiembre del corriente año, la licencia prevista en el punto la acordada 4/2020 no podrá ser requerida por magistrados, funcionarios y empleados de este Poder Judicial de la Nación que hubieren recibido, al menos, la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19".

La Corte puso fin, formalmente, a la posibilidad de que quienes no sean consideradas personas "de riesgo" ante el COVID-19 continúen sin asistir presencialmente a sus puestos de trabajo y realicen tareas por vía remota. En los hechos, desde fines de marzo del 2020, los tribunales nacionales y federales de todo el país están virtualmente vacíos, y se intensificó la utilización del expediente digital para las presentaciones y las notificaciones.

A partir de la decisión de la Corte, esa situación debería modificarse sustancialmente, ya que solo quedarán excluidos de volver a la presencialidad las mujeres embarazadas y aquellos que padezcan enfermedades que los hagan vulnerables al virus.

Por último, la acordada establece que cada tribunal "deberá adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte emanadas de las autoridades competentes en el respectivo ámbito".