. Alberto Fernández se presentó ante la justicia y ofreció donar la mitad de su sueldo: quedó imputado

El presidente Alberto Fernández se presentó esta tarde ante la Justicia sin abogado patrocinante con el fin de plantear la reparación del daño que hubiere causado por violar la cuarentena durante la fiesta VIP en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yañez. El mandatario ofreció donar la mitad de su salario al Instituto Malbrán durante 4 meses consecutivos.

Desde Casa Rosada informaron que Fernández se presentó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 a las 17:50 vía electrónica, representándose a sí mismo y ofreció donar la mitad de su sueldo durante 4 meses. Según el último dato público, el Jefe de Estado tuvo una remuneración bruta de $354.694,16 en diciembre pasado; pero de acuerdo a su último recibo de sueldo, en abril aumentó a $390.163,58.

Fernández entiende que no hubo delito en el festejo y se ampara en que la conciliación es una manera de cerrar un expediente judicial que está contemplada en la ley. El pedido debe ser aceptado por la Fiscalía y luego homologado por el juez, que en este caso es Sebastián Casanello.

"El Presidente se presenta como ciudadano. Donará al Malbrand y sigo siendo su abogado, para causas que sean delito. Fin de la estrategia", expresó Gregorio Dalbón a través de redes sociales.

A través de un escrito de 36 páginas dirigido a Casanello, Alberto Fernández argumentó el por qué lo sucedido, a su entender, no es un delito, y pidió que se declare extinta la acción penal y se decrete su sobreseimiento. "Como consecuencia de lo expuesto se haga lugar a la excepción de falta de acción por manifiesta atipicidad y, como consecuencia de ello, se proceda al dictado de sobreseimiento del suscripto", indicó.

Además le solicitó al juez que, de no aceptar esto, homologue un posible acuerdo que el Presidente consiga con el fiscal González. "Para el caso de no hacerse lugar a lo solicitado en el punto anterior, en el supuesto de arribarse a un acuerdo con el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, disponga su homologación y, consecuentemente, acreditada la entrega del ofrecimiento conciliatorio, declare extinta la acción penal que actualmente se ejercita en autos contra quien suscribe esta presentación", prosigue.

Entre los argumentos que se remarcan en el escrito se destaca que "no se ha seguido, ni ha resultado ninguna consecuencia lesiva y, por tanto, no existe "víctimas" por la violación del DNU que estableció restricciones y la prohibición de reuniones sociales en el AMBA".

El presidente está convencido de su defensa: "Técnicamente no es un delito pero ofrece resarcimiento. No hay dolo. Es un delito abstracto. Puede haber una conducta reprochable. La reparación no admite culpa. Es como una conciliación y deberá homologar el juez y si lo hace se extingue la acción penal", explicaron desde Balcarce 50 para reforzar los argumentos.

No obstante, en la Justicia hay otra interpretación: cuando Fernández firmó los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para determinar lo que debía hacerse durante la cuarentena, estableció que aquellos que no cumplieran con la prohibición de circular debían ser investigados en función de lo que dice el artículo 205 del Código Penal. El artículo señala que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Imputados

El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación de los ingresos a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, imputó a Alberto Fernández por haber violado una disposición que él mismo había dictado como medida preventiva para evitar más contagios por coronavirus.

De esta manera, González imputó a todas aquellas personas que asistieron a la fiesta de cumpleaños de la primera dama. Quedaron formalmente imputados en la causa: Alberto Fernández, Fabiola Yañez, Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Stefanía Domínguez, Federico Abraham, Carolina Marafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh.

Instantes antes de que se formalizara la imputación, el mandatario presentó un escrito ante el Juzgado donde está radicado el caso. Pidió su sobreseimiento y se comprometió a enviar la mitad de su salario al Hospital Malbrán durante cuatro meses a modo de reparación del daño. En su presentación, hecha por derecho propio (sin abogado defensor), Fernández sostuvo que el delito no fue configurado.