28 de septiembre de 2021
Este martes a través del Decreto Nº659/2021 publicado en el Boletín Oficial, se reglamentó la Ley N° 27.636. Esta ley promociona el acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Se la conoce coloquialmente como la ley “Diana Sacayán - Lohana Berkins”. Establece que el Estado va a tener que contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública, a las personas de ese colectivo.
Esta norma que significa un gran avance para el país en material de igualdad e inclusión se votó en junio en el Congreso. Lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Esta última funcionaria será la encargada de llevar adelante la aplicación de la medida.
Según se establece en el texto, se establece que se “debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero". Esto se incluye "en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
Además, se detalla que el Estado está comprendido por los tres poderes que lo integran. Estos son los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, y las empresas y sociedades que le pertenecen.
En esta ley se reconoce que “las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática". Se explica que esta situación redunda en las dificultades para el ejercicio efectivo del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna. A partir de estas diversas situaciones se entiende que el colectivo vive se encuentra sometido a una constante discriminación que repercute en su calidad de vida.
La ley señala que se “se prevén incentivos” para las empresas del sector privado que adopten esta iniciativa como prioridad en las contrataciones estatales.
Otra de las directrices de la ley es ofrecer a aquellas personas jurídicas o humanas del ámbito privado que contraten a travestis, transexuales y transgénero, para promocionar las “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos llevados adelante por personas del colectivo, así como también, su asesoramiento y capacitación para acceder a este beneficio”.
La otra cara del poder.
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