. Escándalo: Aumenta el índice de pobreza e indigencia en la San Juan de Uñac

Dieron a conocer las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec sobre pobreza e indigencia y San Juan recibió la peor noticia. Esto se debe a que el índice de pobreza aumentó al 36,2% y el de la indigencia al 6,3%, contrastando con los índices nacionales que bajaron levemente.

No obstante, estos números no reflejan la realidad total de la provincia, sino solo la de los departamentos agrupados en el gran San Juan. De un total 540.422 personas que lo habitan, 195.836 son pobres y 33.923 son indigentes, totalizando así entre personas pobres e indigentes en el Gran San Juan con 229.758 personas, cifra que se multiplica en el resto de los departamentos de la provincia.

A todos estos se suman los datos del Indec del 2018 en los que apuntan que San Juan posee la tasa de demanda de empleo más alta de Cuyo (25,2%) y la tasa más alta de subocupación, sin mencionar al 40,7% de asalariados que no se les realiza descuento jubilatorio (EPH, 2018). Estas características desnudan la realidad de la provincia.

Sin embargo, la respuesta del gobierno es más de lo mismo: un modelo de desarrollo económico que apunta a la exportación de la minería metalífera, actividades de servicio, comercio y financieras especulativas; mientras descuida la producción agroindustrial, librando a su suerte a los pequeños productores.

Sistema de trabajo en la provincia

El trabajo en estos departamentos se sustenta principalmente en el empleo estatal, el cual está sumamente precarizado y con salarios en que las categorías más altas y con mayor antigüedad escasamente alcanzan el valor de la Canasta Básica Total, y hacen equilibrio con la inflación para no caer por debajo de la línea de pobreza. Esto mismo sucede con el empleo en el Gran San Juan, donde el trabajo privado representa aproximadamente la mitad de la población asalariada, pero de ese total el 40% son empleos informales o no registrados, abundando los monotributistas y cuentapropistas.

En el Estado, el gobierno hace abuso de los contratos en negro. Son renovados mensual o trimestralmente según sean de provincia o Nación o de cooperativas tercerizadas que no funcionan como tal, sino que se trata de trabajadores estatales a las órdenes del funcionario de turno, becas y demás tipo de contratación de servicios sin aportes patronales ni obra social.

Los trabajadores de la salud continúan con sus reclamos por paritarias que superen la inflación, una ley de carrera y el 82% para las jubilaciones. Es que al jubilarse el sueldo cae al 47% del que percibe del trabajador estatal activo, por lo que nadie puede jubilarse, aun queriéndolo, sin pasar a ser indigente. Por su parte, los docentes reclaman por mejoras en las condiciones laborales y salarios dignos.

Por último, los locales comerciales medianos y pequeños del radio céntrico cerraron, trasladándose los que tienen mayor suerte a la zona residencial donde los alquileres son más baratos. Se suma que en los últimos meses cerraron los locales comerciales de las firmas Garbarino y Falabella, dejando sus empleados a la calle, y se avizora el cierre de Cambio Santiago. Ante esta situación, el Sindicato de Empleados de Comercio se suma al silencio de los sindicatos estatales de UPCN y ATE.