15 de octubre de 2021
La sala 1 de la Cámara Federal revocó este viernes el sobreseimiento dictado por el juez Daniel Rafecas en beneficio de Aníbal Fernández en la causa por la contratación de derechos de televisación de torneos. La acusación que también recae en los ex funcionarios Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto, Pablo Paladino y empresarios en enmarca en el FIFA Gate.

Los jueces entienden que se debe continuar con "todas las diligencias necesarias a fin de corroborar o descartar la existencia de sucesos merecedores de reproche penal”.
Cabe recordar que la causa se inició el 24 de julio de 2015. El proceso comenzó tras la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Va dirigida contra Hugo Víctor Jinkis, Mariano Alejo Jinkis y Alejandro Burzaco.
Lo que denuncian es que Aníbal Fernández y los ex funcionarios obtuvieron derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que había participado el seleccionado argentino de fútbol. Esto va desde el año 1991 hasta el 2015 mediante el pago de sobornos a las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Además, se denuncia que esos ilícitos se hallaban investigados por la justicia de los Estados Unidos de América. En el caso de que se confirme, esto permitía que las empresas “Full Play International S.A.” y “Torneos y Competencias S.A." puedan vender derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado Nacional. De esta manera obtenían ganancias exorbitantes en detrimento del patrimonio público.
Por otro lado, se alegó que las transferencias resultaron exitosas por cuanto las competencias deportivas en cuestión revestían carácter de servicio público. En ese entonces estaba vigente un mandato legal que obligaba al Estado Nacional a proveer y asegurar a toda la población un acceso a los partidos.
Y en esa misma línea se argumenta que en ese contexto el Estado se habría visto forzado a abonar sumas de dinero fijadas de forma arbitraria. Esto fue al único proveedor del servicio que.

La Cámara también revocó en su resolución la decisión del juez de cerrar la investigación contra Eugenio Burzaco por presunto lavado de activos. Para el juez había inexistencia de delito.
El fiscal Gerardo Pollicita apeló a la decisión consideró que la decisión de cerrar la causa es por lo menos "prematura". Y además, agregó que los elementos incorporados al legajo con posterioridad a su dictamen, aconsejan la conveniencia de producir las diversas medidas probatorias para seguir despejando dudas.