6 de diciembre de 2021
La semana pasada se conoció el procesamiento dictado por el juez Martín Bava sobre Mauricio Macri en la causa que investiga un presunto espionaje contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Ahora, el abogado del ex presidente, Pablo Lanusse, apeló ante la Cámara de Mar del Plata el procesamiento.

El letrado presentó un escrito en donde el ex mandatario reclama quedar al margen también de todas las medidas dictadas por Bava, como la prohibición para salir del país y el embargo de 100 millones de pesos. De acuerdo con lo que se desprende de la apelación, el fallo del juez de Dolores surge “del compromiso personal, cognitivo y emocional del Sr. Magistrado que expone su parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento”.
El texto agrega que “es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwritter”. Sostiene que las medidas cautelares de prohibición de salir del país constituyen “una pena anticipada”. El procesamiento contra Macri fue “parcial, sesgado, tergiversado y acomodaticio a los prejuicios, al encono, a la funcionalidad extra procesal que significó y guionó el ingreso por la ventana del Sr. Mauricio Macri en esta investigación el 1 de octubre de 2021 en pleno proceso electoral”.

Según Martín Bava, Mauricio Macri es responsable de la realización de “actividades de espionaje ilegal e interno”. Asimismo, le trabó un embargo por 100 millones de pesos y le prohibió abandonar el país. Según el magistrado, el ex mandatario estaba al tanto de las acciones de espionaje y tuvo en su poder los informes de inteligencia. La AFI siguió, fotografió y se infiltró entre los familiares de los tripulantes con el objetivo de anticiparle al ex presidente cuáles serían sus reclamos. Por lo que aseguró que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener bajo la lupa a los familiares de los 44 tripulantes.
Bava sostiene que “los informes de inteligencia que forman parte de esta resolución, no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional, ni hacen a investigaciones de delitos federales complejos”. En este sentido, el juez señala que “consistieron en el relevamiento, acumulación y/o producción ilegal de información sobre familiares de la y los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan, “Rigel” y “El Repunte”, que reclamaban al entonces gobierno Nacional por la aparición de sus allegados y justicia para el esclarecimiento de los hechos”.