. La Corte Suprema fijó su cronograma de audiencias y debatirá sobre el cultivo de cannabis

La Corte Suprema de Justicia comenzó esta semana el año judicial 2022. De esta manera, acordó los temas que llevará adelante a través de audiencia pública durante los primeros tres meses del año. El máximo tribunal se expedirá sobre la constitucionalidad de ciertos temas sensibles como el cultivo de cannabis medicinal, el derecho al olvido, la preservación de especies en peligro y los conflictos de los corredores inmobiliarios.  

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti establecieron un cronograma de 37 audiencias a desarrollarse durante la primera parte del año. Allí se analizarán y fijarán posiciones que afectará no solo a la causa estudiada sino en centenares de expedientes con el mismo foco.  

En cuanto al cannabis medicinal, se tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales. Asimismo, se cuestionará la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad. 

Respecto al derecho al olvido, tomando en consideración los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, se analizará el pedido de bloqueo de información disponible en internet, URLs específicas, que aluden a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado. 

Por otra parte, en cuanto a la preservación de especies en peligro de extinción y actividad económica (Yaguareté), se plantea la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción. Junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada, en el marco de lo previsto por el artículo 41 de la Constitución. 

Por último, se analizarán los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional en cuestión. La profesión de corredor inmobiliario está regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los mencionados conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Cabe hacer mención que ya recibieron soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones. Por lo tanto, se debate si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando alcanzado el derecho a trabajar y ejercer toda industria ilícita contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.