. Un diputado libertario pidió condecorar a los represores de La Tablada

Se trata del diputado provincial Nahuel Sotelo. El libertario pidió el tratamiento de su proyecto para condecorar a los miembros de las FF.AA que reprimieron el asalto a La Tablada en el año 1989. Cabe recordar que, en mencionado enfrentamiento entre militantes y guerrilleros, los detenidos fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, cometidos por los propios militares. En su discurso en el recinto, Sotelo aseguró que “tanto Juntos como el Frente de Todos se opusieron al tratamiento” y que “ni siquiera tuvieron la valentía de votar por la afirmativa o la negativa contando con la presencia de combatientes en el recinto”. 

Dentro de la Legislatura ya se hablaba de un rechazo casi asegurado cuando el proyecto se presentó meses atrás, debido a que se trata de un tema polémico y sensible. Por su parte, el diputado de Avanza Libertad, lanzó contra las dos fuerzas mayoritarias indicando que “en algunos casos entre Juntos y el Frente de Todos no hay mucha diferencia”.

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En repetidas ocasiones, Sotelo se refirió con términos “elogiosos” hacia las fuerzas militares y de seguridad, como también se expresó en contra de los manifestantes y del derecho constitucional a la protesta. Además, el diputado libertario también reconoció abiertamente su aprobación a la represión policial en contra de la libertad de expresión.  

El copamiento del cuartel de La Tablada fue un intento de ocupación de la guarnición del Ejército Argentino situada en La Tablada, provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989, por un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), durante la presidencia de Raúl Alfonsín. En ese momento también se produjeron las sublevaciones militares de los “carapintadas”, que intentaban derrocar la democracia recuperada. El MTP aseguró que el asalto se dio para evitar un golpe de Estado de este grupo militar. 

Tras varias horas de combate, el ataque fue rechazado dejando como saldo 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías muertos. Cuatro guerrilleros fueron detenidos desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, cuya suerte nunca fue revelada por el Estado argentino. El juicio contra los atacantes se llevó delante de manera sumaria aquel año sin respetar el derecho al debido proceso, con condenas ejemplificadoras completadas en 1997, con las condenas de Gorriarán Merlo y Ana María Sívori.  

En 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo por probado que el Estado argentino fusiló, torturó y vejó a varias de las personas que fueron detenidas, evitó investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares y otros funcionarios, además de no respetar el derecho al debido proceso.