26 de marzo de 2022

. El Frente de Todos presentó un nuevo proyecto para cambiar la polémica Ley de alquileres


El diputado oficialista José Luis Gioja presentó un proyecto de modificación que incluye topes a los precios y el interbloque de Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para el 5 de abril para derogar la ley.





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La iniciativa empujada por Gioja es acompañada por la firma de 14 parlamentarios.




La propuesta contempla menores requisitos para los inquilinos monotributistas, beneficios para los locadores y topes para subas de los contratos. A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se pronunció a favor de trabajar para contar con una nueva ley de alquileres en los próximos 90 días.





La iniciativa presentada por Gioja busca modificar la ley de alquileres que había sido impulsada en 2019 por el gobierno anterior y sancionada en 2020 con el apoyo mayoritario del Frente de Todos. "La Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación", planteó el diputado.





Su sanción introdujo dos cambios clave, que espantaron a los propietarios: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.





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Sergio Massa anunció que la semana próxima se formará una comisión  que trabajará en una nueva ley.




La iniciativa busca beneficiar a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.





El proyecto de Gioja tiene dos objetivos: "Por un lado, mejorar el acceso a la vivienda y, por el otro, mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos", según informaron los referentes del proyecto. Además, propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales.


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