2 de abril de 2022
El Tribunal Oral Federal 6 condenó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a ocho años de prisión, y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a cuatro años, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Con respecto a Jaime, se suma en este juicio el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que usó la consultora del español Manuel Vázquez para concretar la maniobra de compra. Y a De Vido se le suma la inhabilitación perpetua por el delito de coautor de la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Cabe hacer mención que De Vido se encuentra en su domicilio a la espera de lo que determine la Corte Suprema por la causa de la Tragedia de Once en la que ya fue condenado a cinco años de prisión. En tanto, Jaime está detenido desde el año 2016.
Las condenas contra Jaime y De Vido sucedieron luego de que, a mediados del mes de febrero, el mencionado tribunal federal rechazara el pedido de nulidad del juicio presentado por ambos exfuncionarios kirchneristas. El planteo se dio a partir de los cambios en la composición del Tribunal Oral Federal 6, dado que uno de los jueces, José Martínez Sobrino, cumplió 75 años y se jubiló.
Por su parte, las defensas de los acusados plantearon la nulidad de todo el juicio por el juez reemplazante, quien no estuvo presente en todas las audiencias.
Según la acusación de la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, Jaime y De Vido aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada durante el kirchnerismo para comprar coches chatarra a España y Portugal. Por tal motivo, los ex funcionarios fueron acusados de “administración fraudulenta y cohecho” por un monto cercano a los cien millones de euros, de acuerdo con las estimaciones de la Auditoría General de la Nación.
Para Baigún “se encuentra acreditado que De Vido, en su carácter de ministro de Planificación, y Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”. Los ex funcionarios “violaron las obligaciones del buen administrador” mediante la adquisición de coches que por sus características resultaban “chatarra”, inútiles para el sistema ferroviario argentino.
Baigún planteó además que Jaime cobró una coima del orden del millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.