5 de abril de 2022
Como respuesta al paro de transportistas que ya cumple una semana, el Gobierno peruano decretó un toque de queda que se prolongará hasta las 23:59 del día miércoles, en la provincia de Lima y su vecina Callao. A través de un anuncio oficial, el presidente Pedro Castillo anunció que “el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales".

Por otra parte, también decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito".
Castillo justificó las medidas que entran en vigor debido a los “hechos de violencia que algunos grupos han querido crear" con el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, lo que ha creado "inseguridad y zozobra". El jefe de Estado peruano realizó “un llamado a la calma, a la serenidad” y aclaró que la protesta social es un derecho constitucional, pero que debe hacerse "dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas, así como la propiedad pública y privada. Es en las circunstancias difíciles donde se necesita ver el rol activo del Estado, haremos todo lo que corresponde, haremos todo lo posible y que esté a nuestro alcance para dar y ayudar a nuestra población".

El paro de transportistas se debe al incremento de precios de los combustibles, frente a lo cual el Ejecutivo de Perú decidió exonerar a las gasolinas y diésel del impuesto selectivo al consumo hasta el próximo mes de junio.
Por su parte, durante la protesta, y a la cual se sumaron otros gremios de trabajadores, fallecieron cuatro personas por circunstancias derivadas por los bloqueos. Además, una veintena de personas fueron detenidas por los disturbios provocados en once regiones del país que presentaron cortes del transporte terrestre.

En la sureña Ica, los manifestantes quemaron cinco puestos de peaje, mientras que en la ciudad norteña de Trujillo hubo saqueos puntuales en supermercados y comercios, unos hechos que replicaron a los desórdenes del fin de semana en la ciudad andina de Huancayo. Asimismo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, invitó al mandatario y varios ministros al Congreso para analizar las medidas que tenía en marcha para solucionar las protestas de los transportistas, a lo cual el Ejecutivo respondió con otra invitación a la mesa directiva del Parlamento unas horas antes.