6 de mayo de 2022
El fiscal federal Ramiro González acusó a la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza y otros ex funcionarios por el manejo irregular de fondos abonados a un conjunto de cooperativas que se encuentran relacionadas con integrantes del municipio.
"En el estado en que se encuentra el presente proceso insto el ejercicio de la acción penal contra Sebastián Raspa, Mayra Soledad Mendoza, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler", sostiene el dictamen que impulsó la investigación. Se acusan los delitos de una presunta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
La causa comenzó con la información publicada en el sitio web El Disenso. Se expuso allí una estructura a través de la cual "fondos nacionales que se le entregaban al municipio de Quilmes se utilizaron para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi". Se pudo constatar unas nueve de estas cooperativas. Por ejemplo, solo tres de ellas (La Estrella, Unión Azul y Progreso) recibieron del municipio de Quilmes un total de 535.265.793,58 millones de pesos. Esto implica una recaudación mensual de 38 millones de pesos.
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Esas contrataciones las hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, donde trabaja el subsecretario Raspa. En las resoluciones que adjudicaban esos fondos, resaltó la "experiencia" de la cooperativa La Estrella, aunque esa entidad se había inscrito solo veinte días antes de la primera contratación. Además, llamó la atención que las contrataciones millonarias llevaban la firma de Mayra Mendoza.
La estructura de manejo de fondos para tareas de recolección de residuos y mantenimiento de espacios verdes incluyó también a Bordalejo. Este inscribió en Miami, Estados Unidos dos empresas a nombre de su socio Raspa. En el dictamen del fiscal González, figura que estas recibieron la suma de 535 millones de pesos.
Tras la autodenuncia de la intendente en la justicia de Quilmes, Raspa presentó su renuncia. Anteriormente se había indicado que "las cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza. Ella le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestaron.
Con la apertura de la investigación, el fiscal González busca determinar los datos de cada una de las cooperativas involucradas en la maniobra. Para ello, se le pidió al juez Ariel Lijo que requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) si ante ese organismo se han efectuado denuncias que involucren a alguna de las cooperativas. Sobretodo si figuran como miembros Sebastián Raspa, Romina Cangelosi, Martín Bordalejo y José Alejandro Scozzari. La fiscalía considera importante que se explique si existen o existieron otras cooperativas en las que se haya consignado esa información.
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