. Patricia Bullrich propone sacar los planes sociales en seis meses: la respuesta del Gobierno

En las últimas horas, Patricia Bullrich aseguró que, en caso de que ella y su espacio político sean elegidos en las elecciones presidenciales de 2023, eliminará los planes sociales en un plazo de seis meses. La presidenta del PRO presentó ayer sus equipos técnicos y de gobierno en un acto oficial en el Yacht Club de Olivos, junto al ex presidente Mauricio Macri. Allí, anunció las propuestas para Gobernar al país.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, cuestionó la propuesta de Patricia Bullrich. Dijo que “la presidenta del PRO quiere sacar los planes en 6 meses. Como si no hubieran gobernado y además no los hubiesen duplicado”. El funcionario a cargo del área que define los programas sociales y subsidios para la población más vulnerable del país, escribió en su cuenta de Twitter que “hablar de ‘sacar o poner’ planes es querer que los pobres siempre sean pobres. Buscamos transformar planes en empleo y no RT’s que alimenten las grietas”.

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En el acto que se dio en la jornada del martes, la presidenta del PRO planteó la eliminación de ese tipo de ayuda social: “Me dicen que es imposible sacar los planes en seis meses. Yo digo más imposible es no sacarlos porque se van a quedar para siempre. Si no lo hacemos con convicción, nos comen el cambio. Los pacman que existen para comer el cambio están instalados en todos lados”. Cabe recordar que, en abril, la dirigente de Juntos por el Cambio dijo que los planes sociales “ya no dan ningún resultado y hay que sacarlos. La verdadera política social es el empleo”.

Desde el año pasado, el presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apoyaron la decisión de no aumentar la cantidad de beneficiarios de una de las políticas más importantes del área, el programa Potenciar Trabajo, que establece el pago de la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil para aquellas personas que se desempeñan en lo que se conoce como la “economía popular”.

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En el Frente de Todos proponen disminuir progresivamente el conjunto de beneficiarios, a partir de la transformación del programa en “trabajo genuino”, a partir de acuerdos con empresas del sector privado. Con este formato, el Estado pagará una parte del salario y el empleador se hace cargo de la porción restante por un plazo de tiempo determinado. Sin embargo, esa transferencia de beneficiarios tuvo una baja aceptación entre las empresas, y el universo de beneficiarios se mantuvo por encima de más de un millón y doscientas mil personas.