. Movimientos sociales le exigen al Gobierno prorrogar la Emergencia Alimentaria

En los barrios más populares de nuestro país, las estrategias de supervivencia llevaron a que las familias estiren la leche con agua o con mate cocido, reemplacen la carne vacuna por alitas y menudos de pollo y huesos de cerdo; los guisos de fideos pasaron a ser la comida diaria; aumentaron la cantidad de arroz, polenta, harina e hidratos de carbono en sus dietas por no poder adquirir otros alimentos. Las verduras son reemplazadas por los caldos de cubitos industrializados que contienen altos niveles de sodio, aditivos químicos y grasas.

Esta situación descripta de extrema vulnerabilidad llevó a que dirigentes de movimientos sociales elaboren un documento mediante el cual le exigen al Gobierno nacional que prorrogue la ley de “Emergencia Alimentaria”, que caducará en diciembre próximo. Asimismo, le piden una serie de medidas urgentes como el incremento en los valores que se destinan de manera mensual a la Tarjeta Alimentar y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), para contener “las necesidades de extrema vulnerabilidad en las barriadas más humildes”.

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Por su parte, pediatras de hospitales que funcionan en municipios bonaerenses como La Matanza, Lanús, Moreno, Esteban Echeverría, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros, detectaron que más del 50% de los chicos que atienden en los consultorios externos presentan sobrepeso por “mala alimentación” y “baja estatura” y “deficiente desarrollo corporal”.

Asimismo, durante el año pasado, la inversión en Políticas Alimentarias del Frente de Todos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, fue récord: $244.789 millones. El principal programa es la Tarjeta Alimentar que se extiende a 2.400.000 titulares y alcanza a 4.100.000 personas. Las políticas alimentarias se incrementaron en un 83,7% con respecto a 2020. Y para 2022 la inversión es todavía mayor.

La demanda por un plato de comida caliente en los comedores de Somos Barrios de Pie, en los del Evita, del Polo Obrero o los municipales, es tan grande que les piden a las familias que lleven una vianda por integrante de hogar. De esta manera, evitan colapsar las modestas instalaciones y se evita que las familias pierdan el hábito de almorzar en sus hogares. El Ministerio de Desarrollo Social, a demanda de los dirigentes sociales, tanto de izquierda como oficialistas, reforzó la entrega de alimentos para esas organizaciones.

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El consumo en estos hogares se vio drásticamente afectado por la pandemia de coronavirus, pero recibieron un fuerte golpe este año por el alto índice de inflación. Especialmente, porque los alimentos, que pesan entre 40% y 50% en el gasto de estas familias, subieron por encima de la inflación. Anclado en esos datos del INDEC, las organizaciones sociales le pedirán al Gobierno de Alberto Fernández incluir como parte del paquete de leyes vinculado con la Emergencia Alimentaria, “avanzar en reformas estructurales con respecto al precio de los alimentos”. 

Entre esas medidas proponen “impulsar la creación de una Empresa Nacional de Alimentos” e “impulsar en el conjunto de los barrios vulnerables la constitución de mercados de cercanías que permitan comercializar alimentos a precios populares”.