27 de julio de 2022
Tras rechazar el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, Shakira decidió ir a juicio por presunto fraude fiscal, debido a que confía “plenamente” en su inocencia. De acuerdo con lo informado por la agencia de comunicación de la cantante colombiana, su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.

A través de un comunicado, Shakira sostiene que eligió por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón. La cantante confía plenamente en su inocencia y no acepta una conformidad”. Además, considera que la causa penal contra ella es “un atropello a sus derechos”.
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De esta manera, la artista se mantiene en los mismos argumentos que sostuvo desde el comienzo de la causa. Asegura que no tiene ninguna deuda pendiente con Hacienda, abonó 17,2 millones de euros que le reclamaron, y que confió en el criterio de los especialistas y asesores que le aconsejaron sobre cómo pagar impuestos.

En el comunicado, Shakira indica que “jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco”. Asimismo, acusa al ministerio público de “intransigente” y de no tener “pruebas directas o criterios razonables” que sustenten su posición. “La Fiscalía ha recurrido a medios indebidos para presionar, con fines lucrativos”.
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La negativa a rubricar el acuerdo supone que la Fiscalía presentará un escrito de acusación contra Isabel Mebarak Ripoll por seis delitos fiscales cometidos entre 2012 y 2014. Durante esos años la cantante ya era residente fiscal en España y, por tanto, debía pagar sus impuestos, cosa que no hizo, según indica la acusación. La estrategia de Shakira pasó, desde el inicio del proceso penal, por sostener que tenía su residencia legal en Bahamas y que visitaba España de manera esporádica. Pero, esa versión fue desmontada por los inspectores de Hacienda, que indagaron en su vida privada en Barcelona junto al futbolista Gerard Piqué, de quien ahora está separada.
En tanto, en mayo pasado, la cantante perdió su última oportunidad para ganar el caso sin llegar a juicio. La Audiencia de Barcelona tumbó un recurso de la artista y vio indicios suficientes para considerar que pasó “más de 183 días en España” durante ese periodo, requisito que fija la ley para que un ciudadano sea considerado residente fiscal. La decisión judicial llevó a la defensa de la cantante a explorar la posibilidad de un pacto desembocara en una rebaja de la pena.
A cambio de evitar ir a la cárcel, Shakira asumiría que cometió los delitos y debería pagar una multa abultada. Llegó a haber dos propuestas, pero la cantante consideró que la propuesta final era inasumible y la rechazó. Las conversaciones toparon con un obstáculo agregado y es que no hay una sino tres acusaciones: la Fiscalía, la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria, y la Generalitat, ya que los impuestos defraudados fueron el IRPF pero también el de patrimonio, que gestiona el Gobierno catalán.