. Federico Massoni: el mano dura de Chubut que quiere saltar a Juntos pero una denuncia lo mantiene en suspenso

El ex ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Federico Massoni, fue denunciado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por su supuesto involucramiento en la privatización de las plantas de verificación técnica vehicular de la provincia. Hecho que complica su pase a Juntos por el Cambio.

Cabe hacer mención que la denuncia fue presentada por el sargento Luis Suárez, representante del Consejo de Bienestar Policial en Chubut, y se encuentra en manos del fiscal jefe de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública de la Provincia, Omar Rodríguez. 

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De acuerdo con la denuncia, Massoni efectuó diversas maniobras ilegales entre los años 2018 y 2019 para lograr una privatización virtual de las plantas de verificación técnica vehicular correspondientes a la Policía de la provincia patagónica. Algo que consiguió el 7 de agosto de 2019 con la firma del “Contrato de Administración de Plantas Verificadoras”, celebrada entre el Ministerio de Coordinación de Gabinete, representada por Massoni en su calidad de Ministro, y la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos por un plazo de diez años.

Se trata de un contrato irregular que no cuenta con los procesos administrativos correspondientes ni con documentación en regla, según consta en la denuncia.

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Es menester mencionar que, en el último tiempo, el ex ministro viene negociando su pase a Juntos por el Cambio, empujado por el presidente de la UCR local, Damián Biss. El radicalismo de Chubut no tiene ningún candidato que mida para disputarle al PRO la candidatura a gobernador y por eso apuesta a Massoni para meterse en ese debate.

Asimismo, Massoni logró un momento de popularidad por sus desafiantes declaraciones contra la ex ministra de Seguridad de la Nación, Silvina Frederic.

Respecto a la denuncia contra el ex funcionario chubutense, se indica que “el ex ministro intervino en los expedientes y desvió la voluntad de la Administración Pública para lograr este contrato, obteniendo importantes ganancias y afectando económicamente a la provincia de Chubut y a todos los ciudadanos que realizaron el trámite de verificación desde la fecha, ya que imperativamente deben abonar una tasa elevada que no posee sustento normativo".

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Massoni dispuso que la Cámara “tomara a su cargo el manejo íntegro de la administración, contratación de personal administrativo residente en la provincia del Chubut, informatización de turnos, provisión y llenado de Formularios 12 necesarios para la verificación de automotores de la Policía de la provincia de Chubut, con excepción de la actividad que desarrollan los peritos verificadores".

En tanto, para autorizar la firma de ese contrato se emitió el Decreto 640/2019, a través del cual se autorizó al Ministerio de Gobierno a “contratar de forma directa” a la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos para las funciones mencionadas. Luego se dictó el Decreto 842/2019 mediante el cual se modificó el mencionado Decreto 640 y se habilitó a firmar el contrato al Ministerio de Coordinación de Gabinete. En ese lapso, Massoni pasó del Ministerio del Gobierno al Ministerio de Coordinación del Gabinete y firmó el contrato.

En la denuncia se asegura que Massoni siempre tuvo un “interés personal” detrás del negocio de la concesión de las plantas de verificación personal. El 24 de agosto de 2018 ya había intentado avanzar con la “privatización” del servicio a través de la firma de un documento idéntico al contrato en cuestión, pero titulado “Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos". A partir de esto, la Cámara obtendría una ganancia neta de $8.000.000 por mes. Lo que significa que el Estado sigue afrontando costos del servicio a cambio de un modesto 14% de participación en las ganancias, mientras que el concesionario obtiene un 86% de lo recaudado.