. Larreta se muestra como "mano dura" y lleva a la Justicia la vuelta de las pistolas Taser

El Gobierno porteño anunció que recurrirá a la Justicia para destrabar el ingreso al país de las polémicas pistolas eléctricas Taser modelo X2.

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D"Alessandro, adelantó que el Gobierno porteño irá a la Justicia para que le habiliten el ingreso al país de las pistolas Taser al denunciar que desde la Nación lo mantienen frenado por una cuestión "ideológica".

El funcionario porteño explicó que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex Renar, había aprobado en mayo del año pasado la adquisición de 60 armas electrónicas con destino a la Policía de la Ciudad. Sin embargo, una vez aprobado el uso del dispositivo, el proveedor debe presentar un pedido de autorización de importación en ANMaC. Esa solicitud se encuentra pendiente de resolución en el organismo.

Tras presentar un nuevo escrito hace diez días, D"Alessandro explicó que siguen sin recibir respuesta por lo que evalúan ir a la Justicia. "No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten. Agotamos la instancia administrativa y si no tenemos respuesta esta semana vamos a ir a la vía judicial", adelantó.

En esa línea, el funcionario denunció que el Ministerio de Justicia de la Nación no les brinda el permiso porque "aplican sus funciones desde la ideología, no desde la normativa". "Nos dicen "no estamos de acuerdo en la utilización de las armas, entonces no te permito que las ingreses". Es lamentable, pero es así", expresó.

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Y concluyó: "La seguridad no puede tener ideología. Hubo un montón de episodios donde no solo tenemos que cuidar a los que nos cuidan, los policías, también le salvás la vida al que está en estado alterado".

Cabe destacar que en mayo de 2019, a través de una resolución firmada por Patricia Bullrich, el gobierno de Mauricio Macri reglamentó el uso de las Taser por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Además, aprobó un protocolo y dispuso la capacitación del personal para su utilización.

Sin embargo, en diciembre de ese año, una de las primeras medidas que tomó la ahora ex ministra Sabina Frederic fue la derogación del protocolo. Meses antes, la presidenta del PRO había confirmado la compra de 300 pistolas, a un precio de 3 mil dólares por unidad.