22 de agosto de 2022
El fiscal Diego Luciani finalizó sus alegatos en el juicio oral por la obra pública y pidió que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sea condenada a 12 años de prisión. A su vez, la vicepresidenta solicitó ampliar la indagatoria este martes.

En ese sentido, Diego Luciani concluyó su alegato y pidió 12 años de prisión para la actual vicepresidenta de la Nación. Además, solicitó un embargo de casi 100 millones de dólares y la inhabilitación de ocupar cargos públicos de forma perpetua "por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada".
A su vez, Cristina Fernández de Kirchner, a través de sus redes sociales, expresó: "Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…"
Y continuó: "He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto".
Cabe recordar que el día viernes en la octava audiencia, los magistrados Luciani y Sergio Mola señalaron que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos. Uno de ellos es ser la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner planeó un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años. El otro delito es por fraude en perjuicio de administración pública. La Fiscalía pedirá una pena que puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y máximos de cada delito.
Asimismo, cuando termine la exposición de los fiscales, el tribunal dispondrá de un cuarto intermedio de una o dos semanas para que los abogados de los imputados puedan terminar de pulir sus ponencias en el marco del debate final. Si bien no se descarta que la Fiscalía pueda pedir alguna audiencia más, hasta última hora del viernes eso no había ocurrido y por el contenido de la exposición de ese día se espera que este lunes termine el alegato, como estaba previsto.
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Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de CFK llegaría recién en el sexto lugar, según el orden alfabético de los imputados. Este esquema podría alterarse dado que hubo abogados que plantearon la necesidad de modificar el orden, aunque los cambios eventuales se anunciarían recién cuando concluya el alegato del Ministerio Público Fiscal.

Entre los imputados en la causa se encuentran también el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti, y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner. De Vido, López y Periotti fueron acusados de ser los presuntos organizadores de una asociación ilícita para beneficiar a empresas de Báez y mediante maniobras que habrían perjudicado las arcas del Estado.
Entre los imputados también se encuentran el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda. También están los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
Respecto a Carlos Kirchner, la Fiscalía sostuvo que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la supuesta asociación ilícita y que “no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva”.
Por su parte, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron a lo largo de su alegato que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la presidencia. También aseguraron que todos los acusados conocían las maniobras y no solo no las evitaron ni controlaron, sino que cumplieron funciones específicas.
En tanto, las defensas reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con que las obras públicas se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados, sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.