. La Corte apuntó a Maqueda por desmanejos en la obra social del Poder Judicial

La Corte Suprema llevó a cabo una audiencia en dónde desnudaron falta de controles y desmanejos en la obra social del Poder Judicial.

Desde el tribunal supremo con la firma de sus cuatro miembros, decidió solicitar explicaciones formales al directorio de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn). Todo comenzó con una auditoria dispuesta por la Corte Suprema que desnudó falta de controles y desmanejos varios entre 2008 y 2021.

Durante dicho período, la obra social estuvo bajo el control del ministro Juan Carlos Maqueda y el director designado, el médico Aldo Tonón. La crisis en la obra social del Poder Judicial comenzó en septiembre del año pasado. Allí, un empleado del área de informática denunció presuntas contrataciones irregulares, malversación de fondos y otras anomalías. La sede de la obra social fue allanada y el 28 de septiembre del 2021. Y luego, la Corte apartó a Tonón y derivó el control de la obra social a la Secretaría General de la misma Corte, a cargo de Daniel Marchi.

Marchi constató malversación de fondos, concentración de decisiones y un incremento del 50 % de la planta de empleados en la última etapa, antes de ser intervenida. Esto lo denunció un mes después de estar a cargo de OSPNJ. Ahora, edod datos fueron confirmados y ampliados por la Comisión de Auditoría.

En su informe, la Corte señaló: "La Obra Social no cuenta con un sistema formal de contabilidad, ni sobre la base de los criterios generales de la disciplina, ni desde la definición legal de la cuestión".

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Los detalles de la auditoría a la obra social del Poder Judicial

En lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios, prótesis y medicamentos, la auditoría comparó el año 2020 con el 2021. "Durante el año 2020 se llevaron a cabo 29 contrataciones directas y 21 licitaciones públicas. Mientras que en el año 2021 las contrataciones directas ascendieron a 45, y las licitaciones públicas sumaron 8", señala el informe.

Otra cosa que reveló la auditoría fue la "inexistencia de registros formales respecto del personal, en cualquiera de sus modalidades de contratación". Además, la falta de registros en el informe de la Secretaría General constató que "la planta total de personal se incrementó en poco más de dos años casi en un cincuenta por ciento".

En paralelo a la investigación de la Corte, la justicia investiga si "Emergencia Médica Integral" y "Farmandat", fueron funcionales a la malversación de fondos y la ausencia confirmada de más de 25 mil unidades de medicamentos. Estas empresas de traslados médicos y gestión de recetas son contratadas por la Ospjn.