29 de agosto de 2022
A partir del próximo 5 de septiembre, la causa Vialidad continuará avanzando con los alegatos de las defensas. En mencionada oportunidad, los abogados de los acusados intentarán demostrar que la fiscalía recortó las pruebas incluidas en el expediente. Cabe recordar que el lunes pasado, Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos de por vida para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como así también condenas para los otros involucrados.

Asimismo, uno de los abogados defensores indicó respecto a la estrategia que pretenden realizar, que “vamos a demostrar que la fiscalía mintió, que la prueba producida fue recortada intencionalmente, algo que los fiscales llegaron a hacer, incluso, con los testigos del juicio pedidos por la propia fiscalía”. Los abogados de los 13 imputados trabajan cada uno por su cuenta en la estrategia de sus respectivos representados, pero también comparten información a la hora de responder a los pedidos de pena de los fiscales Luciani y Mola.
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El 5 de septiembre a las 8:30 se retomará el juicio. Se prevé que haya unas 30 audiencias. Ese día iniciará con el turno de la defensa del ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Hugo Garro. El Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, asignó un máximo de tres auditorías a cada una de las defensas y dispuso un orden que deberá cumplirse de forma continua e inmediata, lo que significa que si alguna de las partes precisa menor cantidad de audiencias se continuará con quien sigue en la lista.
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En tanto, la defensa de Garro adelantó que usará solo una audiencia y lo mismo hizo la del ex responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad, Mauricio Collareda, quien figura segundo en la lista.

Listado completo, por orden: En primer lugar, Héctor Garro, a quien se le pide 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada; en segundo lugar, Mauricio Collareda, a quien se le pide la misma pena; le siguen Raúl Daruich, ex responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, 4 años de cárcel.
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Cristina Kirchner, luego Lázaro Báez, 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe; Carlos Kirchner, ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad; José López, ex secretario de Obras Públicas, 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta; Raúl Pavesi, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, 5 años; Nelson Periotti, ex titular de la DNV, 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
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Cierran la lista José Santibáñez, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, 4 años de prisión; Juan Carlos Villafañe, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, 6 años de prisión por administración fraudulenta.
Las defensas cuestionarán los análisis de las obras que hizo la fiscalía. También recordarán que en todas las instancias judiciales se les negó a ellos la posibilidad de hacer un peritaje que abarque las 51 obras observadas.
Cristina Fernández de Kirchner no descarta pedir que, bajo su condición de abogada, se le permita hacer uso de la palabra en su alegato para ejercer como “defensora en causa propia” y compartir así el tiempo con su abogado Carlos Beraldi. La defensa de CFK mostrará las leyes de presupuesto del período 2004-2015 para refutar la afirmación de la fiscalía en relación a que 17 de las 51 obras investigadas en esta causa “no fueron incluidas” en ninguno de los presupuestos nacionales y se indicará qué denominación le dio a cada obra la Comisión de Presupuesto del Congreso.