. El oficialismo impulsa un proyecto de ley para sancionar a jueces que practiquen lawfare

La diputada nacional Gisela Marziotta convocó a una audiencia para debatir un proyecto de ley que tipifique los delitos de lawfare. Se trata de la estrategia de guerra por la “vía judicial-mediática” que, según el Frente de Todos, está sufriendo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en las causas que la investigan por presuntos hechos de corrupción.

Durante la jornada del jueves, Marziotta encabezó en la sala 2 del Anexo del Congreso de la Nación una reunión donde adelantó una propuesta del diputado oficialista Ramiro Gutiérrez, que se presentaría en la Cámara baja en la próxima semana. En su intervención, Gutiérrez consideró en la necesidad de una legislación destinada a frenar el uso de “herramientas legales” para perseguir a dirigentes políticos y sociales. El diputado sostuvo que se debe establecer un castigo “para quienes decidan deteriorar el prestigio de una persona o el orden institucional de un país”, para que vaya “más allá de una multa como hoy prevé el Código Penal”.

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De acuerdo con su punto de vista, los jueces que cometen alguna “acción maliciosa” y utilizan falsedades en el ejercicio de su cargo perciben sanciones menores. “Hasta ahora la pena era una multa, que ahora sea la cárcel”.

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En tanto, Marziotta consideró que lo que está en “peligro” no solo son los gobiernos de un signo político, sino todo el sistema democrático, y la hendija por la que se cuela ese riesgo es el “vacío legal respecto del lawfare. El peligro que encierra es más enorme y está sucediendo a nivel regional, no nos pasa solo a nosotros. Hay un plan detrás del lawfare”.

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Estuvieron presentes en la audiencia también como oradores el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el fiscal general Alejandro Alagia. La diputada nacional de La Cámpora, Paula Penacca, también fue parte de la convocatoria y vinculó el lawfare con “el poder económico, que tiene capacidad de influencia sobre el poder mediático y judicial” busca como objetivo “instalar modelos que van en contra de la población y que garantizan la continuidad de los privilegios de un sector minoritario de sociedad”.

Por su parte, en la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, María Rosa Martínez, del Frente de Todos, describió una escalada de violencia política que comenzó “con el ataque al Instituto Patria” y se extendió al armado entre la Justicia y los medios por el cual, el pedido de condena del fiscal Diego Luciani, fue transmitido “como en cadena nacional”, pero no así la defensa de Cristina Kirchner.

La convocatoria contó con el apoyo del jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, quien grabó un video producto de su viaje al Chaco. En tanto, el abogado Barcesat expresó su aval a la propuesta y recordó que el debate en torno al concepto de “desaparecido” en la Justicia. Barcesat sostuvo que hay una necesidad de “devolverle dignidad a los discursos y a las prácticas jurídicas”.

Cabe hacer mención que del encuentro también participaron representantes de la región como Gabriela Rivadeneira, ex presidenta del parlamento ecuatoriano y hoy asilada en México, y Susana Rivero, exministra y diputada del Estado Plurinacional de Bolivia, y abogada de Evo Morales. Por videoconferencia asistieron el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde y el embajador en Ecuador, Gabriel Fucks quien señaló “la valentía y el coraje de proponer esta ley”. La periodista y escritora María Seoane, por su parte, se explayó en el rol del periodismo, tras señalar que hubo “35 libros escritos contra Cristina Kirchner y unas 548 denuncias judiciales falsas".