15 de septiembre de 2022
La Liga de Gobernadores le envió una carta a Juan Manzur, jefe de Gabinete, pero con un claro destinatario: Sergio Massa. Le exigieron alguno requisitos para aprobar el Presupuesto 2023.

En su gira por Estados Unidos, Massa tuvo la más difícil de las reuniones que le tocó afrontar desde que es ministro de Economía. Por eso, se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la segunda revisión del acuerdo alcanzado por la Argentina con el organismo multilateral. Dicha charla fue positiva y se aprobó un nuevo acuerdo para el país. Sin embargo, eso no quita que serán unos meses de ajuste para el país que se sentirán en el bolsillo de los argentinos.
Por eso, la Liga de Gobernadores peronistas le mandó un mensaje contundente al Gobierno y le puso condiciones para la aprobación del presupuesto 2023. En un documento que le enviaron a Juan Manzur, jefe de Gabinete, reclamaron subsidios, obras públicas y mayores inversiones productivas y que eviten la injerencia de decisiones externas (por el FMI).
El documento lo publicó Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, y, si bien fue para Manzur, el mensaje tenía un destinatario claro: Sergio Massa. Ahí piden contemplar subsidios al transporte público y a las tarifas energéticas diferenciales, obras públicas; y un plan para transformar planes sociales en empleo, y desarrollo productivo.
Los mandatarios expresaron: “Hay que contar con el consenso necesario a los efectos de propiciar la sanción de la ley del presupuesto 2023, herramienta fundamental para la planificación financiera del sector público. Es preciso lograr una participación activa de todos las legisladores nacionales en un modelo de consenso para lograr definitivamente que el presupuesto 2023 no sea fruto de disputas parciales sino de un consenso institucional; en donde las diferencias particulares no impidan al Poder Ejecutivo contar con una herramienta indispensable para el ejercicio de la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos y argentinas”.
Y plantearon: “Respetar las autonomías provinciales en el marco de nuestro sistema representativo, republicano y federal; respecto a las decisiones de carácter institucional” en cada una de las jurisdicciones “evitando injerencias externas que pretenden condicionar el desenvolvimiento de las instituciones”.