. Crece la polémica por el plan del gobernador Suárez de avanzar con una reforma judicial

El plan del gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, para reformar la Suprema Corte de Justicia local, abrió más la grieta política y judicial. Expertos en la materia repudian la iniciativa y reclaman, principalmente, que no se eliminen las salas especializadas, tanto en lo civil y comercial, como en lo penal y laboral. Pese a que el radicalismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con el polémico proyecto, que crea un “colegio de jueces”, sortea las causas y promete “transparencia” frente al “forum shopping”, crecen las voces contra la medida y sugieren una discusión a fondo y de consenso más amplio, sabiendo además que hoy el oficialismo obtiene la mayoría de los fallos a favor cuando la Corte decide en plenario.

Asimismo, en los próximos días continuará la discusión en comisiones, con la presencia de los actuales ministros de la Corte, por lo que se seguirán escuchando visiones encontradas. Lo destacado de las últimas jornadas fueron las exposiciones de los reconocidos y prestigiosos ex juristas y ex miembros del máximo tribunal provincial, Aída Kemelmajer de Carlucci y Alejandro Pérez Hualde, como así también la del ex gobernador justicialista Arturo Lafalla, quienes tiraron por tierra el plan oficial.

El proyecto oficialista consiste en poner en marcha un tribunal colegiado, eliminando las dos salas y sorteando todas las causas, con el fin de evitar el “fórum shopping”, en referencia a la elección del foro más conveniente, y “transparentar” el funcionamiento del máximo órgano judicial de la provincia, compuesto por 7 miembros. De esta manera, desaparecerían la Sala I (Civil y Comercial), y la Sala II (Penal y Laboral). El Gobierno se muestra inquieto porque los abogados litigantes aguardan que la Sala II se encuentre de turno, la segunda quincena de cada mes, para interponer las demandas, en cuanto a acciones procesales administrativas o planteos de inconstitucionalidad. Por eso, desde el justicialismo plantean que el proyecto sólo avance para estos últimos expedientes, por sorteo, sin afectar el funcionamiento de las salas especializadas.

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Al respecto, Kemelmajer, la primera mujer en integrar la Corte local, desde 1983 hasta 2010 cuando se jubiló, explicó que “quiero una Corte que le resuelva bien los problemas a la gente. Por eso quiero que continúen las salas. Necesitamos gente especializada en cada materia”. Según explica la especialista, tradicionalmente, a la Sala Penal y Laboral le llegan más expedientes, tal como advirtió el Gobierno, por encima del 75% de las causas, pero las materias de esta sala, son más repetitivas.

La especialista hizo hincapié en la importancia de las designaciones transparentes y técnicas de los ministros de la Corte para evitar la discusión que hoy tiene en vilo al Ejecutivo local y a la oposición: “Tener ideas políticas no significa defender ideas partidarias en el tribunal. Hay una diferencia muy grande. De ahí, todo este problema de la mala distribución del trabajo, y lo que dice la prensa, de las mayorías automáticas, los jueces radicales y los peronistas”.

Por su parte, Pérez Hualde también se focalizó en la importancia de la especialización, más allá de que las voces del Ejecutivo y de los ministros afines al radicalismo consideren que se “idealiza” o que no la contempla la Constitución. Pérez Hualde se mostró en desacuerdo con la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza, que salió a respaldar el proyecto oficial: “La normativa propuesta viene a corregir deficiencias, evitar distorsiones y erradicar prácticas abusivas”.