22 de septiembre de 2022
El fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 de Esteban Echeverría, elevó a juicio la causa contra un alto directivo del Sindicato de Camioneros y 7 empleados. Es por el bloqueo llevado a cabo en la pyme Química Oeste, por el cual fueron acusados del delito de turbación de la posesión, que, de acuerdo con el Código Penal, prevé una pena de 6 meses a 3 años de prisión.

Uno de los implicados en la causa es el titular de la Delegación Monte Grande de Camioneros. Se trata de Fabián Arévalo. Junto a otros 7 empleados impidieron la entrada y salida de camiones con mercadería en mayo del año pasado, a través de “conductas violentas y amenazantes y con un plan previamente trazado”. Según el fiscal Semisa, se encuentran “debidamente acreditados tanto el cuerpo del delito como la autoría responsable” de quienes en 2021 bloquearon la empresa, que provee de insumos químicos a la industria, por el reclamo del sindicato de Hugo y Pablo Moyano para que tres de los 60 empleados dejaran de estar afiliados al Sindicato de Comercio y pasaran a estar encuadrados en el convenio de Camioneros.
Irán a juicio, además de Arévalo, Fernando Emmanuel Arzola, Guerrero Aldo Wertel, Ulises Reinaldo Rodas, Miguel Ángel Acosta, Sergio Javier Pogonza, Roberto Casal y Humberto Ramón Castaño. En tanto, la abogada de Química Oeste, Florencia Arietto, adelantó que pedirán que el titular de Camioneros de Monte Grande tenga una condena de ejecución efectiva porque tiene antecedentes.
La causa la lleva adelante el juez de Garantías de Esteban Echeverría, Javier Mafucci Moore. La misma inició con una denuncia por los delitos de extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo contra los manifestantes, que, según la empresa, procuraban tener el número suficiente de representantes para poder elegir un delegado propio. Motivo por el cual, los manifestantes comenzaron el bloqueo del depósito y luego sumaron un paro por “faltas en las medidas de seguridad y de higiene”, como la ausencia de vestuarios y de baños, algo que, según denunció Arietto, se trató de “un reclamo laboral inventado”.
La protesta siguió hasta el 18 de mayo al mediodía, cuando la policía bonaerense formó un cordón para permitir la entrada y salida de camiones, y el bloqueo se levantó ese mismo día por la noche. El empresario, asesorado por Arietto, hizo la denuncia penal correspondiente y despidió a los empleados involucrados en la medida de fuerza.