. La jueza Capuchetti rechazó investigar a Revolución Federal por el ataque a Cristina Kirchner

La jueza federal que investiga el caso por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Capuchetti, rechazó investigar a la agrupación extremista Revolución Federal como posibles instigadores del ataque a la vicepresidenta de la Nación. Mediante un fallo, la magistrada indicó que “los hechos denunciados se circunscriben a personas totalmente distintas y hasta el momento sin vinculación con aquellas que se encuentran imputadas” por el fallido magnicidio.

Capuchetti entiende que el espacio de orientación libertaria, que organizó varias movilizaciones en contra el Gobierno, por el momento no tiene una relación clara con Fernando André Sabag Montiel, quien realizó el fallido disparo a centímetros del rostro de la ex presidenta; ni con Brenda Uliarte ni tampoco con Nicolás Carrizo ni Agustina Díaz, los otros detenidos.

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La jueza destacó que “de la reconstrucción efectuada a partir del conjunto de elementos de prueba hasta aquí obtenida, no se ha vislumbrado hasta el momento ninguno que vincule -objetivamente- a los acusados con la agrupación Revolución Federal; ni con sus miembros o líderes, ni que permitan sostener que el hecho específico que intentaron consumar hubiese sido planificado y organizado por o con los miembros de ese grupo”. Motivo por el cual resolvió “no aceptar la competencia atribuida en las presentes” y devolvió el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, que había dicho que ambas cuestiones se tenían que investigar juntas.

Luego del ataque en la puerta del edificio donde reside Cristina Kirchner en Recoleta, un mail del Ministerio de Seguridad entró a Comodoro Py con una denuncia de una persona identificada como Luca Morales, quien informaba que en las redes sociales estaba circulando un perfil en el que había manifestaciones sobre atentados contra la democracia y en el que se incitaría al odio y a la violencia política de forma directa contra el Presidente y la Vicepresidenta.

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La cuenta de Instagram era @revoluciónfederal, y allí decía que “los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”. Aparecían además los datos de una cuenta bancaria a nombre de Leonardo Franco Sosa para realizar “donaciones”.

Por eso, el juez Martínez De Giorgi, que recibió la causa por sorteo, le preguntó a su colega Capuchetti si el Grupo Revolución Federal estaba siendo investigado por el atentado a Cristina Kirchner. La jueza le dijo que no, por lo que le remitió la presentación para que las dos cuestiones formen parte de un mismo expediente. Capuchetti explicó que, a partir de las actuaciones de los fiscales en el marco de la investigación del atentado contra CFK, surge que los integrantes de esta agrupación son “personas que de ningún modo guardan relación con los hechos”.

Carrizo vuelve a pedir la excarcelación

Los abogados defensores del cuarto detenido por el intento de magnicidio, Nicolás Gabriel Carrizo, líder de “la banda de los copitos”, acudirán este martes a la Justicia Federal para volver a reclamar la excarcelación del joven. Mientras tanto, los demás imputados esperan para ver cómo sigue su situación. Cabe hacer mención que el último viernes los cuatro detenidos fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad.

La defensa de Carrizo, encabezada por Gastón Marano, explica que el rechazo a la puesta en libertad impuesto por la jueza Capuchetti fue equivocado debido a que el líder de la banda nunca se opuso ni ofreció resistencia a su detención. Además, indicarán que al momento de declarar como testigo ofreció el contenido de su celular de forma voluntaria. Precisamente, lo que convirtió a Carrizo en acusado fueron los mensajes que salieron de su teléfono celular horas después del ataque.

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En ese contenido, la fiscalía destacó un intercambio de mensajes del joven con una tal “Andrea”. La misma aseguró haberle entregado una pistola calibre 22 a Brenda Uliarte y que luego del intento fallido contra la vicepresidenta habían decidido ocultar el arma. Durante la indagatoria, Carrizo aclaró que se trataba de una broma, que el arma no existía y que en realidad hablaba con su hermana.